miércoles, 10 de febrero de 2016

De la Esperanza al Sometimiento: República, guerra y Franquismo en Andalucía: Ojos que no ven. La rumorología hecha certeza en el estudio de la represión franquista a través de los procesos militares. Algunos ejemplos

De la Esperanza al Sometimiento: República, guerra y Franquismo en Andalucía: Ojos que no ven. La rumorología hecha certeza en el estudio de la represión franquista a través de los procesos militares. Algunos ejemplos


“La libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres” (Manuel Azaña)










Bienvenid@ al estudio de la Segunda
República, la guerra civil y el primer Franquismo en Andalucía, y con
una óptica desde Antequera, la etapa más apasionante de la Historia
Contemporánea de un municipio que volvió a convertirse en esos años en
paradigma malagueño y andaluz








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viernes, 2 de mayo de 2014






Ojos que no ven. La rumorología hecha certeza en el estudio de la
represión franquista a través de los procesos militares. Algunos
ejemplos


Rumor: Proposición transmitida de persona a persona sin que
existan datos para comprobar su veracidad. Especulación no confirmada
que se intenta dar por cierta con un objetivo determinado, y que
condicionan el comportamiento de los demás por encima de la información
objetiva, con un enorme potencial manipulador, entre otras cosas para
dejar a alguien en mal lugar, sin beneficio directo para el que inicia
el rumor.


En
agosto de 1936, pocas horas después de que el municipio de Mollina
fuera ocupado por tropas sublevadas –al igual que el resto de pueblos
que conformaban la zona Norte del término de Antequera, esto es Fuente
de Piedra, Humilladero, Alameda, Bobadilla o la propia Antequera-
Anastasio Castañeda Carmona, jornalero de 48 años y afiliado al PSOE,
era detenido por la Guardia Civil del puesto de Mollina y llevado a un
arresto conocido como El Convento, donde permanecería 17 días, acusado, “según rumor público”
de alentar, pistola en mano, a los milicianos que defendían el pueblo
del asedio sublevado a que resistiesen, así como vertiendo amenazas “a
gente de orden del pueblo”.
Casi tres años después, a las pocas semanas de terminada la guerra,
vuelve a ser detenido acusado por los mismos hechos, y tomando como base
para la investigación los informes sustentados en los rumores de hacía
tres años.



El 15 de mayo de 1940, el joven de 20 años y vendedor ambulante
antequerano, Ramón Arcas García, es detenido, denunciado por la Guardia
Civil, “a la que llega el rumor de que hacía algunas semanas que Arcas García había dicho a unos trabajadores que había oído en la radio que se habían sublevado Madrid, Barcelona y Valencia, y que su novia le dijo que había oído que el 2 de mayo banderas republicanas saldrían por las calles de Antequera”.

El acusado, contradicho por su pareja –que niega además el serlo- afirma
que fue obligado a declarar que hizo tales manifestaciones ante la
violencia y el maltrato al que fue sometido por las fuerzas del orden.



Aproximadamente en los mismos días Lucas Torres Gutiérrez, jornalero
antequerano, es detenido acusado de participación en registros, saqueos e
incendios. Ya había, antes de llegar a Antequera, permanecido en los
campos de concentración granadinos de Caparacena y Padul, así como en
los gaditanos de Rota y San Roque, pero su tránsito punitivo parecía no
haber acabado todavía.

Preguntado el Juez, tanto a la Guardia Civil, como a Falange o a la
Jefatura de Investigación y Vigilancia, sobre los hechos concretos de
los que se acusaba al encartado, como las personas que pudieran
testificar sobre los mismos, responderían las autoridades con evasivas
como “no puede precisar”, “no recuerda las fuentes” o “las pesquisas practicadas han tenido resultado infructuoso”.



El 18 de febrero de 1937, muy pocos días después de ocupada Málaga y con
ella la totalidad de la provincia, Antonio Rodríguez Muñoz, conocido
como Joaquinillo el de la Quinta, oía de boca del Presidente del Consejo
de Guerra la sentencia que lo condenaba a muerte por un delito de
Rebelión Militar.

Había sido acusado de participar en el asesinato de un farmacéutico de
un pueblo cercano en los días de retaguardia republicana. Entre las
denuncias, una de las más tenidas en cuenta fue la del declarante que
señalaba que “no se fijó si estaba entre los asesinos el encartado, pero
que de estar, estaría armado”.

El 13 de febrero de 1940 sería fusilado.



La rumorología constituyó también la esencia de la denuncia vertida
sobre el jornalero de Antequera José Velasco Villarraso, el popularmente
conocido como Risita, detenido por agentes de la Jefatura de
Investigación y Vigilancia tras denuncia de un vecino, propietario de
una tienda de comestibles, y que señala que en los días de retaguardia
republicana el encartado acudió a su tienda, armado, obligándolo a que
le entregara género, yendo seguidamente a la casa de al lado donde, tras
realizar un registro, se llevó una escopeta propiedad de otro vecino.

El acusado declara que acudió a la tienda, pero desarmado y sin
violencia, y que no requisó escopeta alguna, versión corroborada en
ambos extremos, tanto por el dueño de la escopeta, como por la propia
mujer del dueño de la tienda de comestibles, y denunciante.

En la aportación de testigos efectuada por la Guardia Civil, solo uno declararía los hechos imputados al acusado, pero “de oídas”.

Ante las explicaciones solicitadas por el Juez Instructor a la Guardia
Civil sobre el proceder de ésta, su respuesta al militar no es otra que
“dado a que habita [el acusado] en un barrio obrero no se encuentran
testigos de garantía que puedan deponer sobre su actuación”; una
verdadera condena de clase, colectiva, a todo un barrio por su condición
de obrero, dejando entrever la poca credibilidad de sus testimonios por
entender que encierran el encubrimiento al acusado.

El hecho es que la investigación continúa, con otro Juez, tras no
admitir el Auditor de Guerra el sobreseimiento dictado por el primer
magistrado, y buscando nuevos declarantes, de los que uno señala que
“conoce que el encartado se llevó comestibles de una tienda”, y otro que
afirma que era “de mala conducta, pero sin verlo delinquir”.

No quedaba clara desde luego la actuación de Velasco Villarraso, a pesar
de lo cual fue condenado a seis meses y un día de prisión.



Tampoco debía estar muy clara la actuación en la retaguardia republicana
como en la guerra del jornalero de Valle de Abdalajís Antonio Granados
Gutiérrez, detenido tras denuncias de numerosos vecinos del municipio
que lo acusan de participación en detenciones y asesinatos.

No había sido desde luego plácido su retorno al pueblo tras haber pasado
por los campos de concentración de Caparacena, Bosos, Padul, Rota, el
Batallón de Trabajadores 211 de San Roque, la prisión de este mismo
municipio, o la de Antequera, y pronto encontraría un multitudinario
recibimiento de declaraciones inculpatorias, pero todas sustentadas en
la escasa fiabilidad de expresiones como “sabe de oídas”, “lo sabe por haberlo oído”, “si bien no lo vio, se oía decir”, “no lo vio pero lo oyó decir”, “aunque no vio nada, oyó decir”, o “es de rumor público”.

Efectivamente la escasa concreción en las acusaciones, bien pudo a pesar
de todo influir en que su condena de 12 años y 1 día fuera conmutada
por prisión atenuada, obteniendo en pocos meses la libertad condicional,
aunque con la trágica accesoria del destierro fuera del municipio, al
granadino de Moreda, a casi 150 kilómetros de distancia.



Ya hubiera querido para sí esa suerte Francisco Carbonero Navarro,
Pelao, jornalero antequerano de 33 años, y fusilado por un piquete de la
Guardia Civil rural el 20 de febrero de 1943, tras haber sido condenado
a la Pena de Muerte por un delito de Adhesión a la Rebelión tras haber
sido acusado de participación directa en el asesinato de un militar
retirado.

Una de las acusaciones más contundentes, la de un rico industrial y
terrateniente antequerano, que lo acusó de la comisión del asesinato,
aunque matizando que lo sabía “de oídas, y sin poder precisar quién se lo dijo”. Otros dos declarantes reconocen que solo supieron de su posible participación en hechos delictivos, “de oídas”.



Más afortunado que su paisano resultó, a pesar de todo, Francisco Marfil
Sánchez, el conocido en su entorno como Cabo Marfil, para el que las
declaraciones inculpatorias de participación en asesinato también fueron
prolijas, pero cuyo denominador común era la acusación no-presencial,
con expresiones como “se enteró, por rumor del pueblo, que fue el cabo el que lo asesinó”, “el rumor público lo señala insistentemente”, “según oyó”, “según rumor público”, “le contaron”, “se le señala” o “por la voz supieron que se trataba de él”.

Sin embargo, aquel que decía haberlo reconocido por la voz, no fue luego
capaz de hacerlo físicamente, en la rueda de reconocimiento de presos, a
pesar de lo cual Marfil es condenado a 12 años y 1 día por un delito de
Auxilio a la Rebelión.



Por último Antonio Corrales Repiso, jornalero del anejo antequerano de
Villanueva de Cauche, fue detenido tras el final de la guerra y su
regreso al pueblo, acusado de haber participado en todos los hechos de
violencia desarrollados en éste en la retaguardia republicana,
incendios, requisas, saqueos y detenciones, así como de participar en el
asesinato de un industrial en Antequera.

Así un declarante lo culparía de haberle robado una escopeta en julio de 1936, “aunque por referencia de sus familiares”, mientras que otro declarante afirma que “le dije al hermano del asesinado que un guardia civil me dijo que el encartado participó en el asesinato de su hermano”.

Declaraciones más que suficientes por otro lado para el Fiscal, que
solicita la Pena de Muerte o Reclusión Perpetua para el acusado por un
delito de Adhesión a la Rebelión.

El 11 de julio de 1942 la sentencia confirmaría la condena de Reclusión
Perpetua, aunque a finales de 1945, y en base a la Ley de 19 de octubre
de este año que tipificaba los indultos por hechos relacionados con la
guerra civil, Corrales Repiso obtendría la libertad, aunque con
destierro.



La participación ciudadana en la represión y su conversión en agente de
la misma a través de la denuncia, la delación y el señalamiento, se
convirtió en uno de los baremos que marcaron las relaciones entre el
Régimen Franquista y esa parte de la sociedad no-represaliada tras el
final de la guerra.
Mientras, la otra, la republicana y vencida, debía ser aniquilada en lo
físico y anímico, en algunos casos para desaparecer para siempre como
ese cáncer extirpado del cuerpo enfermo que para los franquistas era la
España infestada de República; y en otros para contribuir a la
re-conducción y re-educación de los que, hijos de la anti-España y de
los sin-Dios, tanto la habían dañado.
Esta concepción adanista del 18 de julio, asentada en el mito
fundacional, encontraba una de sus justificaciones en la necesidad de
acabar con una República caótica, así como el empleo de su voraz proceso
represivo precisamente en la violencia extrema desarrollada en las
retaguardias republicanas desde julio de 1936 y hasta el final de la
guerra.
Por ello la subjetividad y la escasa fiabilidad, no eran escollos para
la sed insaciable de aniquilamiento que encerraba el Franquismo, y por
ello las rumorologías, lo conocido de oídas, lo escuchado y contado,
metamorfoseaban hasta la certeza siempre y cuando procedieran de esa
comunidad afín –tanto de los propios familiares de las víctimas, como de
aquellos que escondían su aversión con un disfraz de anhelo por la
supervivencia- impaciente por entrar a formar parte de la casta de
vencedores que proporcionó la victoria sublevada.
Los procesos militares, las causas incoadas contra los republicanos
vencidos, presentados, denunciados y detenidos, constituyen una
inmejorable fuente de información sobre esto, dejando claro como el
binomio Autoridad-Pueblo conformaban las dos patas esenciales para el
sostenimiento del entramado represivo del Franquismo.


Los casos que para esta publicación electrónica se aportan, resultan sin
embargo suficientes para pensarlo así, mostrando esta colaboración,
como otros aspectos como el de que, si bien la sentencia importaba
–sobre todo para el caso de los dos fusilados- no era ya solo la pena
impuesta, sino la represión de día a día, ejercida en buena parte por
las autoridades locales y la propia población de a pie; aquella que por
ejemplo estaría por encima de las órdenes de prisión atenuada y exige
volver a meter en la cárcel al encartado, por considerar sonrojante y
peligrosa su libertad; o aquella que consigue que, a pesar de la
conmutación propuesta, tanto la prisión atenuada como la libertad
condicional, vengan acompañadas del destierro, convirtiendo el
desarraigo y el apartamiento en unas formas de represión igualmente
efectivas y crueles.
Y esto sí puede ser probado, objetivamente, y no sobre rumores que tan
bien hicieron a la estrategia justificativa y legitimadora para la
represión sublevada y franquista.

10 comentarios:




  1. A mi tambien me ha llegado el rumor de que habías escrito un buen artículo. Ok. Confirmado

    Cecilio
    Responder
  2. Miguel Ángel, felicidades por tu precioso artículo. Saludos, Manolo Morales
    Responder
    Respuestas
    1. Muchas
      gracias Manolo. Solo intento parecerme, siquiera mínimamente, a gente
      como tú, verdadero ejemplo del buen hacer como historiador. Un abrazo
      fuerte.
  3. Mi
    bisabuelo José Antonio Ramos Otero, fue fusilado en Antequera por una
    denuncia falsa, fundamentada en un rumor. No sabemos si los
    fusilamientos de su hijo y sus yernos se deberían al mismo motivo.

    Enhorabuena por este curioso y muy interesante artículo.

    Un saludo.
    Responder
    Respuestas
    1. Estimado/a amigo/a,
      Muchas
      gracias en primer lugar por su opinión, y celebro que le parezca
      interesante este post. Efectivamente dispongo de datos sobre su
      familiar, del que veo que fue juzgado en consejo de guerra de 16 de
      marzo de 1937 y condenado a Pena de muerte, siendo fusilado -como tantos
      otros este día- el 20 de marzo. No sé si conoce que en el Archivo del
      Juzgado Togado Militar de Málaga se encuentran los procesos incoados por
      los tribunales militares franquistas contra los republicanos, vencidos y
      apresados. El de su bisabuelo se encuentra entre ellos, y usted puede
      acceder como familiar a consultarlo. El horario es los jueves de 10 a 13
      horas. No obstante, si puedo ayudarle en algo, yo también puedo acceder
      al mismo, por lo que no dude en contactar conmigo, aquí, o en
      melerovargas@hotmail.com
      Por otro lado, si conoce los nombres de el
      hijo de Antonio Ramos Otero, o de sus yernos, le ruego me los indique,
      para ver si dispongo de datos de los mismos en mi base de datos.

      Un saludo cordial y gracias de nuevo por interesarse por este Blog.
  4. Le agradecemos enormemente los datos que nos ha facilitado. Es curioso lo que puede significar una simple fecha.

    En
    cuanto al hijo, su nombre era Cecilio Ramos Rodríguez. De los yernos
    sólo conocemos el primer apellido -Juan Entrena y Juan Díaz-, por lo que
    entendemos que pueda resultar muy complicado buscar información sobre
    ellos, más aún cuando ni siquiera sabemos si su destino final fue
    Antequera o el Valle de Abdalajís, localidad lindante al cortijo de la
    familia.

    Por último, me gustaría pedir su ayuda para saber algo
    sobre otro de mis bisabuelos, Antonio Madrigal Hidalgo. El único motivo
    que se nos ocurre para su detención y posterior ejecución es que una de
    sus hijas, Ana Madrigal López, era una activista republicana. Le
    agradezco de antemano cualquier cosa que pudiera averiguar.

    Un cordial saludo.

    Francisco García
    Responder
  5. Muchas
    gracias Francisco. Puedo proporcionarle datos, efectivamente, incluido
    José María, el hermano de su bisabuelo. Sin embargo, para mantener una
    coherencia ética, debido a que vamos a tratar hechos personales, le
    ruego que me envíe su correo al mío (melerovargas@hotmail.com)
    Un saludo
    Responder
  6. Estimado Miguel Angel,

    Le agradezco una vez más la información sobre mis bisabuelos y sus familiares.

    Un saludo. Francisco García
    Responder
  7. ¿Por
    qué sigue, a estas alturas de siglo, sin ser conveniente decir quién
    era el "rico industrial y terrateniente antequerano, que lo acusó de la
    comisión del asesinato"? ¿Aún hay que ocultar los nombres de los
    asesinos?
    Responder








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