Expulsión de los jesuitas del Imperio Español de 1767
(Redirigido desde «Expulsión de los jesuitas de España de 1767»)
Carlos III hacia 1760
Índice
Antecedentes
El Antijesuitismo en el siglo XVIII
Expulsión de los jesuitas de Portugal en 1759 por el ministro Pombal (grabado de la época)
«sus métodos educativos, y en general, su concepto de la autoridad y
del Estado. Una monarquía cada vez más laicizada y más absoluta empezó a
considerar a los jesuitas no como colaboradores útiles, sino como
competidores molestos». Además continuaron los conflictos con las
órdenes religiosas tradicionales, como la inclusión en el Indice de Libros Prohibidos de la Historia Pelagiana del cardenal agustino Noris, gracias a la influencia que tenía la Compañía en la Inquisición, o como el rechazo que produjo la publicación de la obra Fray Gerundio de Campazas del Padre Isla, en la que el jesuita satirizaba a los frailes.1
La llegada al trono del nuevo rey Carlos III en 1759 supuso un duro
golpe para el poder y la influencia de la Compañía, pues el nuevo
monarca, a diferencia de sus dos antecesores, no era nada favorable a
los jesuitas, influido por su madre la reina Isabel de Farnesio,
que «siempre les tuvo prevención», y por el ambiente antijesuítico que
predominaba en la corte Nápoles de donde provenía. Así que Carlos III
rompiendo la tradición de los Borbones nombró como confesor real al
fraile descalzo Padre Eleta.2
El «motín de Esquilache» de 1766
El llamado motín de Esquilache de 1766 se inició en Madrid y el desencadenante fue un decreto impulsado por el secretario de Hacienda, el «extranjero» marqués de Esquilache,que pretendía reducir la criminalidad y que formaba parte de un
conjunto de actuaciones de renovación urbana de la capital —limpieza de
calles, alumbrado público nocturno, alcantarillado—. En concreto, la
norma objeto de la protesta exigía el abandono de las capas largas y los
sombreros de grandes alas, ya que estas prendas ocultaban rostros,
armas y productos de contrabando. El trasfondo del motín era una crisis de subsistencias
a consecuencia de un alza muy pronunciada del precio del pan, motivada
no solo por una serie de malas cosechas sino por la aplicación de un
decreto de 1765 que liberalizaba el mercado de grano y eliminaba los
precios máximos —los precios tasados—.3
Durante el motín la casa de Esquilache fue asaltada —al grito de ¡Viva el rey, muera Esquilache!—
y a continuación la multitud se dirigió hacia el Palacio Real donde la
Guardia Real tuvo que intervenir para restablecer el orden —hubo muchos
heridos y cuarenta muertos—. Finalmente Carlos III apaciguó la revuelta
prometiendo la anulación del decreto, la destitución de Esquilache y el
abaratamiento del precio del pan. Sin embargo, el motín se extendió a
otras ciudades y alcanzó gran virulencia en Zaragoza. En algunos
lugares, como Elche o Crevillent, los motines de subsistencias se convirtieron en revueltas antiseñoriales. En Guipúzcoa, la revuelta fue llamada machinada (en vasco, revuelta de campesinos). Todas estos motines fueron muy duramente reprimidas y el orden restablecido.3
El proceso que conduce a la expulsión
Campomanes, por Antonio Carnicero (1777).
fue encargado de abrir una «pesquisa» secreta para averiguar quién o
quiénes habían sido los instigadores de los motines. Campomanes en
seguida dirigió su atención hacia los jesuitas a partir de la evidencia
de la participación de algunos de ellos en la revuelta. Así fue
reuniendo material procedente de diversas provincias, obtenido, según
Domínguez Ortiz, mediante «la violación del correo, informes de
autoridades, delaciones, confidencias de soplones recogidas con gran
misterio, en las que se señalaban amistades o concomitancias de
amotinados con jesuitas, frases sueltas, hablillas y chismes».5
Con la documentación acumulada en la «Pesquisa» —según Domínguez
Ortiz, «de tan sospechoso origen y tan escasa fuerza probatoria, que a
lo sumo podía acusar a individuos aislados»— Campomanes elaboró su
Dictamen que presentó ante el Consejo de Castilla en enero de 1767 y en
el que acusó a los jesuitas de ser los responsables de los motines con
los que pretendían cambiar la forma de gobierno. En sus argumentos
inculpatorios, según Domínguez Ortiz, recurrió también a «todo el
arsenal antijesuítico elaborado en dos siglos», como «la doctrina del
tiranicidio, su relajada moral, su afán de poder y riquezas, su manejos
en América [en referencia a las misiones jesuíticas ], las querellas doctrinales...». El presidente del Consejo de Castilla, el conde de Aranda
formó un Consejo extraordinario que emitió una consulta en la que
consideraba probada la acusación y proponía la expulsión de los jesuitas
de España y sus Indias. Carlos III para tener mayor seguridad convocó
un consejo o junta especial presidida por el duque de Alba e integrada por los cuatro Secretarios de Estado y del Despacho —Grimaldi, Juan Gregorio de Muniain, Múzquiz y Roda—
que ratificó lo propuesta de expulsión y recomendó al rey no dar
explicaciones sobre los motivos de la expulsión. Tras la aprobación de
Carlos III, a lo largo del mes de marzo de 1767 el Conde Aranda dispuso
con el máximo secreto todos los preparativos para proceder a la
expulsión de la Compañía.6
Tras la expulsión el rey pidió la aprobación de las autoridades
eclesiásticas en una carta que se envió a los 56 obispos españoles, de
los que en su respuesta sólo seis se atrevieron a desaprobar la decisión
y cinco no contestaron. «El resto, la gran mayoría, aprobó con más o
menos entusiasmo el decreto de expulsión».7
La expulsión
El 2 de abril de 1767 las 146 casas de los jesuitas fueron cercadasal amanecer por los soldados del rey y allí se les comunicó la orden de
expulsión contenida en la Pragmática Sanción de 1767 que se justificaba:8
por gravísimas causas relativas a la obligación en que me halloFueron expulsados de España 2641 jesuitas y de las Indias 2630. Los
constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia de mis
pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real
ánimo, usando la suprema autoridad que el Todopoderoso ha depositado en
mis manos para la protección de mis vasallos y respeto a mi Corona
primeros fueron concentrados y embarcados en determinados puertos,
siendo acogidos inicialmente en la isla de Córcega perteneciente entonces a la República de Génova. Pero al año siguiente la isla cayó en poder de la Monarquía de Francia donde la orden estaba prohibida desde 1762, lo que obligó al papa Clemente XIII a admitirlos en los Estados Pontificios,
a lo que hasta entonces se había negado. Allí vivieron de la exigua
pensión que les asignó Carlos III con el dinero obtenido de la venta de
alguno de sus bienes.9
Los motivos
Gracias sobre todo al descubrimiento del documento del Dictamendel fiscal Campomanes, en el que queda claro que no se trató de un
problema religioso, hoy están completamente descartadas tanto la tesis
liberal de que la medida fue tomada para permitir el triunfo de «las
luces» sobre el «fanatismo» representado por los jesuitas, como la tesis
conservadora elaborada por Menéndez y Pelayo de que la expulsión era el fruto de la «conspiración de jansenistas, filósofos, parlamentos, universidades y profesores laicos contra la Compañía de Jesús».10
«Las razones expuestas en documento de Carlos III son múltiples: la
tendencia del gobierno por hacer recaer en los jesuitas la
responsabilidad del Montín de Esquilache, el acoso internacional, con
los ejemplos de Portugal y Francia, la discrepancia entre el absolutismo político de Carlos III por derecho divino y el populismo atribuido a los padres de la Compañía o los intereses económicos —los que apoyaron la tesis de Campomanes en el Tratado de la Regalía de Amortización—, sociales —enfrentamiento entre colegiales y manteístas—
y políticas —intento de identificar a los jesuitas con los opositores
al gobierno de Carlos III, y aun las discrepancias entre las órdenes
religiosas y de los obispos con los padres de la Compañía— contribuyen a
comprender la dramática decisión del monarca», afirman Antonio Mestre y
Pablo Pérez García.11
Estos historiadores además relacionan la expulsión con la política regalista llevada a cabo por Carlos III, aprovechando los nuevos poderes que había otorgado a la Corona en los temas eclesiásticos el Concordato de 1753, firmado durante el reinado de Fernando VI,
y que constituiría la medida más radical de esa política, dirigida
precisamente contra la orden religiosa más vinculada al papa debido a su
«cuarto voto» de obediencia absoluta al mismo. Así la expulsión
«constituye un acto de fuerza y el símbolo del intento de control de la
iglesia española. En ese intento, resulta evidente que los principales
destinatarios del mensaje eran los regulares. La exención de los religiosos era una constante preocupación del gobierno y procuró evitar la dependencia directa de Roma (de ahí una de las razones del episcopalismo
gubernamental). Por eso, dado que no pudo eliminar la exención, procuró
colocar a españoles al frente de las principales órdenes religiosas
[como dijo el conde de Floridablanca en su Instrucción reservada había que evitar que «se elijan a los que no son gratos al soberano y si, en cambio, a los agradecidos y afectos»]. Así el P. Francisco X. Vázquez, exaltado antijesuita, al frente de los agustinos, mientras Juan Tomás de Boxadors (1757-1777) y Baltasar Quiñones (1777-1798) fueron los generales de la orden dominicana. Por lo demás, intentaron conseguir de Roma un Vicario General para los territorios españoles, cuando el general era extranjero».12
Las consecuencias
Antiguo Colegio Imperial de los jesuitas, convertido tras la expulsión en los Reales Estudios de San Isidro.
bienes de los jesuitas— las fincas rústicas fueron vendidas en pública
subasta, los templos quedaron a disposición de los obispos y los
edificios y casas se convirtieron en seminarios
diocesanos, fueron cedidos a otras órdenes religiosas o mantuvieron su
finalidad educativa, «pues todos eran conscientes del gran vacío que la
expulsión dejaba en la enseñanza» —como sucedió con el Colegio Imperial de Madrid reconvertido en los Reales Estudios de San Isidro—.7
Según Antonio Mestre y Pablo Pérez García, «la expulsión de los
jesuitas entrañaba un acto de profundas consecuencias. Había que
reformar los estudios y el gobierno aprovechó para modificar los planes
de estudio tanto en las universidades como en los seminarios. [...] La
mayoría de los obispos, en aquellos lugares donde no se había cumplido
el decreto de Trento,
los erigieron aprovechando las casas de los jesuitas para instalarlos.
No es necesario advertir que también en los seminarios obligó el monarca
a seguir las líneas doctrinales que había impuesto en las facultades de
Teología y de Cánones de las distintas universidades, regalistas
fundamentalmente, pero con gran influjo jansenista [y en las que habían sido prohibidos los autores jesuitas o de su escuela]».13
En cuanto a las consecuencias de la expulsión para la política y la
cultura españolas ha habido interpretaciones dispares. «Algunos autores
creyeron ver en esa orden real el inicio de la expansión del espíritu
ilustrado, que se veía constreñido por la poderosa acción regresiva y
reaccionaria de los jesuitas. Para otros, aparte de que se perdieran
brillantes cabezas de nuestra ciencia, tampoco puede decirse que las
otras órdenes religiosas beneficiadas a corto plazo con la expulsión y
con los bienes de los expulsos fueran más abiertas y progresistas en sus
planteamientos religiosos o políticos. Además, para hacer cumplir la
orden que prohibía la difusión de las “perniciosas” doctrinas
jesuíticas, el poder real vio fortalecido su poder censor y lo aplicó
desde entonces en otros temas, con lo que no hubo ningún avance en el
terreno de la libertad de pensamiento».14
Referencias
- Capel Martínez y Cepeda Gómez, 2006, p. 275.
Bibliografía
- Capel Martínez, Rosa Mª; Cepeda Gómez, José (2006). El Siglo de las Luces. Política y sociedad. Madrid: Síntesis. ISBN 84-9756-414-6.
- Domínguez Ortiz, Antonio (2005) [1988]. Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-5970-3.
- Mestre, Antonio; Pérez García, Pablo (2004). «La cultura en el siglo XVIII español». En Luis Gil Fernández y otros. La cultura española en la Edad Moderna. Historia de España XV. Madrid: Istmo. ISBN 84-7090-444-2.
pp. 131. «Su actitud con los jesuitas demuestra una capacidad de odio
poco común. ¿Los odiaba por algún motivo personal, por convencimiento o
simplemente porque su carrera política así lo exigía? No es fácil
contestar a esta pregunta».
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