sábado, 9 de abril de 2016

Primera República Española - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Primera República Española



La Primera República Española fue el régimen político vigente en España desde su proclamación por las Cortes, el 11 de febrero de 1873, hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del general Martínez-Campos dio comienzo a la Restauración borbónica en España. El primer intento republicano en la historia de España
fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad política.
En sus primeros once meses se sucedieron cuatro presidentes del Poder
Ejecutivo, todos ellos del Partido Republicano Federal, hasta que el golpe de Estado del general Pavía del 3 de enero
de 1874 puso fin a la República Federal proclamada en junio de 1873 y
dio paso a la instauración de una República Unitaria bajo la dictadura
del general Serrano, líder del conservador partido constitucional. El período estuvo marcado por tres conflictos armados simultáneos: la tercera guerra carlista, la sublevación cantonal y la Guerra de los Diez Años en Cuba. La Primera República se enmarca dentro del Sexenio Democrático, que comienza con la Revolución de 1868 que dio paso al reinado de Amadeo I, al que siguió la República, y termina con el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos en Sagunto que puso fin a la República e inició la Restauración borbónica en España.



Índice

Proclamación de la Primera República

El rey Amadeo I renunció al trono de España el día 11 de febrero de 1873.1 La abdicación estuvo motivada por las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante su corto reinado, como la guerra en Cuba, el estallido de la Tercera Guerra Carlista, la oposición de los monárquicos alfonsinos, que aspiraban a la restauración borbónica en la figura de Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II,
las diversas insurrecciones republicanas y la división entre sus
propios partidarios. Además de eso, el efímero monarca contó con un
apoyo popular prácticamente nulo. El detonante final fue la crisis de
gobierno originada a causa del conflicto artillero iniciado con el
nombramiento de capitán general a Baltasar Hidalgo de Quintana,
a quien no podían ver los oficiales de artillería desde el 22 de junio
de 1866, pidiendo todos su licencia absoluta o retiro. El gobierno
decide la disolución del cuerpo de artillería obteniendo el 7 de febrero
191 votos en las cortes, los mismos que habían elegido a Don Amadeo,
que no usó la prerrogativa regia a favor de los artilleros y firmó el
decreto de disolución del cuerpo de artillería el 9, abdicando
seguidamente el 11 de febrero.2



Alegoría de La Niña Bonita sobre la I República Española,3 publicada en La Flaca, revista humorística y liberal del siglo XIX.
El lunes 11 de febrero, el diario La Correspondencia de España
dio la noticia de que el rey había abdicado e inmediatamente los
federales madrileños se agolparon en las calles pidiendo la proclamación
de la República. El gobierno del Partido Radical de Ruiz Zorrilla se reunió y en su seno las opiniones estaban divididas entre el presidente y los ministros de procedencia progresista, que pretendían constituirse en gobierno provisional para organizar una consulta al país sobre la forma de gobierno –postura que también apoyaba el partido constitucional del general Serrano, porque de esa forma no se produciría la proclamación inmediata de la República–, y los ministros de procedencia demócrata encabezados por Cristino Martos y apoyados por el presidente del Congreso de los Diputados, Nicolás María Rivero,
que se decantaban por la reunión conjunta del Congreso y del Senado
que, constituidos en Convención, decidirían la forma de gobierno, lo que
conduciría a la proclamación de la República dada la mayoría que
formaban en ambas cámaras la suma de republicanos federales y de estos
radicales de procedencia demócrata.4



Multitud agolpada frente al Palacio de las Cortes, mientras se gestaba la proclamación de la República en el interior del edificio.
El presidente Ruiz Zorrilla acudió al Congreso de Diputados para
pedir a los diputados de su propio partido, que tenían la mayoría
absoluta en la Cámara, que aprobaran la suspensión de las sesiones al
menos veinticuatro horas, las suficientes para restablecer el orden.
Asimismo pidió que no se tomara ninguna decisión hasta que llegara a las
Cortes el escrito de renuncia a la Corona del rey Amadeo I y anunció
que el gobierno presentaría un proyecto de Ley de Abdicación. Con todo
ello Ruiz Zorrilla pretendía ganar tiempo, pero fue desautorizado por su
propio ministro de Estado Cristino Martos
cuando éste dijo a la Cámara que en cuanto llegara la renuncia formal
del rey el poder sería de las Cortes y «aquí no habrá dinastía ni
monarquía posible, aquí no hay otra cosa posible que la República». Así
se aprobó la moción del republicano Estanislao Figueras
para que las Cortes se declararan en sesión permanente, a pesar del
intento de Ruiz Zorrilla de que los radicales no la apoyaran. Mientras
tanto el edificio del Congreso de los Diputados había sido rodeado por
una multitud que exigía la proclamación de la República, aunque la
Milicia Nacional logró disolverla.5


Al día siguiente, martes 11 de febrero, los jefes de distrito
republicanos amenazaron al Congreso de los Diputados con que si no
proclamaban la República antes de las tres de la tarde iniciarían una
insurrección. Los republicanos de Barcelona enviaron un telegrama a sus
diputados en Madrid en el mismo sentido. Entonces los ministros
demócratas encabezados por Martos, junto con los presidentes del
Congreso y del Senado, Rivero y Figuerola, decidieron que se reunieran
ambas Cámaras, ante las cuales se leyó la renuncia al trono de Amadeo I,
y a continuación, ante la ausencia del presidente del gobierno Ruiz
Zorrilla, el ministro de Estado Martos anunció que el gobierno devolvía
sus poderes a las Cortes con lo que estas se convertían en Convención y
asumían todos los poderes del Estado. Entonces, varios diputados
republicanos y radicales presentaron una moción para que las dos
cámaras, constituidas en Asamblea Nacional, aprobaran como forma de
gobierno la República y eligieran un Poder Ejecutivo responsable ante
aquella.6 La proposición decía así:


La Asamblea Nacional asume los poderes y declara como forma de
gobierno la República, dejando a las Cortes Constituyentes la
organización de esta forma de gobierno.


Manuel Ruiz Zorrilla, hasta entonces presidente del gobierno, intervino para decir:


Protesto y protestaré, aunque me quede solo, contra aquellos
diputados que habiendo venido al Congreso como monárquicos
constitucionales se creen autorizados a tomar una determinación que de
la noche a la mañana pueda hacer pasar a la nación de monárquica a
republicana.


A continuación el republicano Emilio Castelar subió al estrado y pronunció este discurso que fue respondido con encendidos aplausos:


Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática;
nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la
República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de
la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla
como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra
Patria.



Proclamación de la República por la Asamblea Nacional

Proclamación de la República en las calles de Madrid la noche del 11 de febrero, dibujo de Vierge en Le Monde Illustré.
A las tres de la tarde del 11 de febrero de 1873, el Congreso y el
Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por
258 votos contra 32:7


La Asamblea Nacional reasume todos los poderes y declara la República
como forma de gobierno de España, dejando a las Cortes Constituyentes
la organización de esta forma de gobierno. Se elegirá por nombramiento
directo de las Cortes un poder ejecutivo, que será amovible y
responsable ante las mismas Cortes.


Tras un receso de tres horas volvieron a reunirse las Cámaras para
nombrar presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras
que estaría al frente de un gobierno pactado entre los radicales y los
republicanos federales e integrado por tres republicanos –Emilio Castelar en Estado; Francisco Pi y Margall en Gobernación; y Nicolás Salmerón en Gracia y Justicia– y cinco radicales –José Echegaray en Hacienda; Manuel Becerra y Bermúdez en Fomento; Francisco Salmerón en Ultramar; el general Fernando Fernández de Córdoba en Guerra y el almirante José María Beránger en Marina–. Cristino Martos
fue elegido presidente de la autoproclamada Asamblea Nacional, "el
verdadero poder en una situación de Convención", por 222 votos frente a
los 20 que reunió Nicolás María Rivero.8 9



Proclamación de la República en Barcelona, plaza de Sant Jaume.
El 16 de febrero el periódico republicano de Barcelona La Campana de Gracia publicó el siguiente artículo en catalán:



Ja la tenim! Ja la tenim, ciutadans! Lo trono s'ha ensorrat per a
sempre en Espanya. Ja no hi haurà altre rey que'l poble, ni mes forma de
gobern que la justa, la santa y noble República federal. […]

Republicans espanyols! En aquestos moments solemnes dels quals depen la
vida de les nacions, es quan se coneixen als homes y es quan se coneixen
als pobles.

Donem lo nostre apoyo moral als homes a qui hém donat nostres aplausos, a
qui hém fet objecte de nostre entusiasme. Posémnos a las sevas ordres,
baix la bandera de nostres principis inmaculats é íntegros, y avassallem
quants obstacles se presentin, per erigir definitivament en Espanya lo
temple del dret, de la justicia, de la moralitat y de l'honra, que es lo
de la República democrática federal!
¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos, ciudadanos! El trono ha caído para
siempre en España. Ya no habrá otro rey que el pueblo, ni más forma de
gobierno que la justa, santa y noble República federal.[…]

¡Republicanos españoles! En estos momentos solemnes de los que depende
la vida de las naciones, es cuando se conocen a los hombres y es cuando
se conocen a los pueblos.

Damos nuestro apoyo moral a los hombres a los que hemos dado nuestros
aplausos, a quienes hemos hecho objeto de nuestro entusiasmo.
¡Pongámonos a sus órdenes, bajo la bandera de nuestros principios
inmaculados e íntegros, y derribemos cuantos obstáculos se presenten,
para erigir definitivamente en España el templo del derecho, de la
justicia, de la moralidad y de la honra, que es el de la República
democrática federal!
Estanislao Figueras desempeñó el cargo de Presidente del Poder Ejecutivo (jefe de Estado y Gobierno) pero no el de Presidente de la República,
pues nunca se llegó a aprobar la nueva Constitución republicana. En su
discurso, Figueras dijo que la llegada de la República era «como el iris
de paz y de concordia de todos los españoles de buena voluntad».


Gobierno de Estanislao Figueras


Retrato de Estanislao Figueras, primer presidente del Poder Ejecutivo de la I República.
El primer gobierno de la República tuvo que afrontar una situación
económica, social y política muy difícil: un déficit presupuestario de
546 millones de pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y solo
32 millones para cubrirlas; el Cuerpo de Artillería había sido disuelto
en el momento de mayor virulencia de la Tercera Guerra Carlista y de la guerra contra los independentistas cubanos,
para las que no había suficientes soldados, armamento ni dinero; una
grave crisis económica, coincidente con la gran crisis mundial de 1873
y agudizada por la inestabilidad política, que estaba provocando el
aumento del paro entre jornaleros y obreros, lo que estaba siendo
respondido por las organizaciones proletarias con huelgas, marchas,
concentraciones de protesta y la ocupación de tierras abandonadas.


Pero el problema más urgente que tuvo que atender el nuevo gobierno
fue restablecer el orden que estaba siendo alterado por los propios
republicanos federales que habían entendido la proclamación de la
República como una nueva revolución y se habían hecho con el poder por
la fuerza en muchos lugares, donde habían formando "juntas
revolucionarias" que no reconocían al gobierno de Figueras, porque era
un gobierno de coalición con los antiguos monárquicos y tildaban de
tibios a los "republicanos de Madrid".10


«En muchos pueblos de Andalucía la República era algo tan
identificado con el reparto de tierras que los campesinos exigieron a
los ayuntamientos que se parcelaran inmediatamente las fincas más
significativas de la localidad... algunas [de las cuales] habían formado
parte de los bienes comunales antes de la desamortización».11 En casi todos los lugares la República también se identifica con la abolición de las odiadas quintas, promesa que la Revolución de 1868 no había cumplido, como recordaba una copla que se cantaba en Cartagena:12


Si la República viene,

No habrá quintas en España,

Por eso aquí hasta la Virgen,

Se vuelve republicana



Caricatura de la revista satírica La Flaca
del 3 de marzo de 1873 sobre la pugna entre los radicales, que
defienden la república unitaria, y los republicanos federales que
defienden la federal. Y también sobre la pugna entre los federales
"transigentes" e "intransigentes"
Eso fue lo que el diputado radical José Echegaray echó en cara a los líderes republicanos: que sus seguidores entendían el federalismo como10


[...] aquí un cortijo que se divide, un monte que se reparte, allá un
mínimum de los salarios, más lejos los colonos convertidos en
propietarios, es quizás en otra provincia un ariete que abre brecha en
las fuerzas legales para que el contrabando pase, el pobre contra el
rico, el reparto de la propiedad, el contribuyente contra el Fisco...


El encargado de la tarea de restablecer el orden era el ministro de la Gobernación Francisco Pi y Margall,
paradójicamente el principal defensor del federalismo pactista de abajo
a arriba que las juntas estaban poniendo en práctica. Pi consiguió la
disolución las juntas y la reposición de los ayuntamientos que habían
sido suspendidos a la fuerza en "una clara prueba de su empeño en
respetar la legalidad incluso contra los deseos de sus propios
partidarios",11 aunque mantuvo el cuerpo armado de Voluntarios de la República que se oponía a los cuerpos de seguridad y a los Voluntarios de la Libertad, la milicia monárquica fundada en el reinado de Amadeo I.
En las Cortes, el diputado conservador Romero Ortiz preguntó qué partes
de la Constitución estaban vigentes, a lo que el presidente Figueras le
respondió que solo el Título I, que era donde se reconocían los
derechos individuales.13


El gobierno Figueras firmó solemnemente el cese del servicio militar obligatorio, y creó el servicio voluntario. Cada soldado cobraría una peseta diaria y un chusco.14
Por su parte, los integrantes de la milicia de los Voluntarios de la
República recibían un sueldo de 50 pesetas al alistarse, más 2 pesetas y
un chusco diarios.



Jornada del 24 de febrero en el Congreso de los Diputados, en Le Monde Illustré.
Sólo trece días después de haberse formado el nuevo gobierno se
encontraba bloqueado por las diferencias que existían entre los
ministros radicales y los republicanos por lo que el presidente Figueras
presentó la dimisión a las Cortes el 24 de febrero. Esta situación fue aprovechada por el líder de los radicales y presidente de la Asamblea Nacional Cristino Martos para intentar un golpe de Estado
que desalojara del gobierno a los republicanos federales y le
permitiera formar uno exclusivo de su partido que diera paso a una
república liberal-conservadora. Martos, de acuerdo con el gobernador
civil de Madrid, ordenó a la Guardia Civil que ocupara el Ministerio de
la Gobernación y el de Hacienda y que rodeara el Palacio del Congreso de
los Diputados donde fue elegido por sus compañeros de partido como
nuevo presidente del Poder Ejecutivo. Pero esta maniobra no tuvo éxito
gracias a la rápida actuación del ministro de la Gobernación Pi y
Margall que movilizó a la guarnición de Madrid y a los Voluntarios de la
República que consiguieron contrarrestar el golpe. Así se formó el
segundo gobierno de Figueras del que salieron los ministros radicales,
entrando en su lugar Juan Tutau y Verges en Hacienda, Eduardo Chao en Fomento, José Cristóbal Sorní y Grau en Ultramar y los militares Juan Acosta Muñoz y Jacobo Oreyro y Villavicencio
en Guerra y Marina, respectivamente. Además se acordó disolver la
Asamblea Nacional donde los radicales gozaban de mayoría absoluta.15



Caricatura de la revista satírica La Flaca
del 28 de marzo de 1873 que muestra el apoyo a la República Española
por parte de las Repúblicas –Suiza, Estados Unidos y Francia– y el
rechazo de las Monarquías y los Imperios
El 8 de marzo, cuando la Asamblea Nacional iba a discutir la propuesta de disolución de la misma, Cristino Martos
intentó un nuevo golpe de Estado con el mismo objetivo de formar un
gobierno exclusivamente radical, esta vez presidido por su compañero de
partido Nicolás María Rivero,
y que contaba con el apoyo del general Serrano, líder del monárquico
partido constitucional. Pero en el último momento los diputados
radicales seguidores de Rivero, temerosos de que la formación de un
gobierno radical provocara un levantamiento de los republicanos
"intransigentes" que podría conducir a una guerra civil, no apoyaron la
iniciativa de Martos y votaron a favor de la disolución de la Asamblea.
Martos dimitió de su cargo de presidente de la Asamblea dos días
después. Pero en la Comisión Permanente que asumiría sus funciones de
fiscalización del gobierno hasta que se reunieran las nuevas Cortes
Constituyentes y que se formó el 22 de marzo, los radicales mantuvieron
su mayoría absoluta, aunque divididos entre los "martistas" que tenían
ocho representantes y los "riveristas" que tenía cuatro, frente a cinco
republicanos federales, más dos alfonsinos y un constitucional.16


El mismo día 8 de marzo en que en Madrid tenía lugar el intento de
golpe de Estado, en Barcelona la Diputación, dominada por los
republicanos federales "intransigentes", volvía a proclamar el Estado
catalán, como ya había hecho el 12 de febrero, y como en aquella ocasión sólo los telegramas
que les envió Pi y Margall desde Madrid les hizo desistir, aunque en
esta ocasión esperaron a que cuatro días después, el 12 de marzo, fuera a
Barcelona el propio presidente del Poder Ejecutivo de la República
Estanislao Figueras para retirar la declaración.17



Tropas sublevadas en la plaza de toros de Madrid, 23 de abril de 1873.

Madrid, 23 de abril de 1873, Emilio Castelar defendiendo la salida del Congreso de la Comisión Permanente.
Después de superar las diferencias que separaban a "martistas" de
"riveristas", los radicales intentaron un tercer golpe de estado el 23 de abril, con el mismo objetivo de los dos anteriores, pero esta vez contando con el apoyo de militares conservadores, como el general Pavía capitán general de Madrid, el almirante Topete o de nuevo el general Serrano, y con civiles del partido constitucional, encabezados por Práxedes Mateo Sagasta,
que también querían evitar la proclamación de la República Federal,
porque se esperaba que el gobierno gracias a su "influencia moral"
conseguiría la mayoría necesaria en las elecciones a Cortes
Constituyentes que estaban convocadas para el mes siguiente. Pero de
nuevo la actuación decidida del ministro de la Gobernación, Pi y
Margall, que conocía los planes de los golpistas, desbarató la
intentona.18 Primero sustituyó al general Pavía al frente de la Capitanía General de Madrid por el general Hidalgo y luego ordenó a la Guardia Civil y a la milicia de los Voluntarios de la República que atacaran la plaza de toros donde habían concentrado los golpistas a los Voluntarios de la Libertad,
que depusieron las armas después de unos pocos disparos. Entonces
grupos federales armados rodearon el Palacio del Congreso donde estaba
reunida la Comisión Permanente que tenía previsto destituir al gobierno y
reunir a la Asamblea Nacional para que nombrara presidente del Poder
Ejecutivo al general Serrano. Los miembros de la Comisión solo lograron
abandonar el Congreso gracias a la protección que les proporcionaron
diputados republicanos y miembros del gobierno entre los que se
encontraban Emilio Castelar y Nicolás Salmerón –cuyo hermano Francisco
Salmerón del Partido Radical era miembro de la Comisión–. La mayoría de
los implicados en el golpe frustrado se fueron del país, algunos de
ellos disfrazados para no ser reconocidos, como el general Serrano o
Cristino Martos. Al día siguiente un decreto del Poder Ejecutivo,
firmado por Pi y Margall, disolvió la Comisión Permanente.19


La decisión de Pi y Margall de disolver la Comisión Permanente –que
Jorge Vilches califica de "golpe de estado"– fue cuestionada por los
republicanos federales "moderados" encabezados en aquel momento por Emilio Castelar y Nicolás Salmerón pues eran conscientes de que iba a tener como consecuencia el retraimiento
del resto de partidos en las elecciones, lo que restaría legitimidad a
las Cortes Constituyentes que saldrían de ellas. «Fue tal el miedo a la
soledad, que Castelar y Figueras negociaron con los radicales y los conservadores
para darles una representación parlamentaria», pero ambos grupos
rechazaron la propuesta y se reafirmaron en la opción del retraimiento,
argumentando la ilegalidad de la disolución de la Comisión Permanente.
Así pues, en las elecciones no hubo lucha electoral, pues optaron por el
retraimiento, además de radicales y constitucionales, los carlistas,
que estaban alzados en armas, y los alfonsinos, que no reconocían a la
República. En los pocos distritos que hubo disputa electoral fue entre
candidatos republicanos federales del sector "moderado" o del
"intransigente".20


Las elecciones a Cortes Constituyentes, que debían reunirse el 1 de junio en Madrid, habían sido convocadas por una ley de 11 de marzo de 1873.21
Los comicios tuvieron lugar los días 10, 11, 12 y 13 de mayo,
obteniendo los republicanos federales 343 escaños y el resto de fuerzas
políticas, 31.22 Así pues, la representatividad resultante de estas elecciones fue muy limitada a causa del retraimiento de la totalidad de las fuerzas de oposición política –radicales, constitucionales, carlistas (en guerra desde 1872), monárquicos alfonsinos de Cánovas del Castillo, republicanos unitarios, e incluso las incipientes organizaciones obreras adscritas a la Internacional–.23 Con un 60 % de abstención, fueron los comicios con la participación más baja de la historia de España.24
En Cataluña, sólo votó el 25 % del electorado; en Madrid, el 28 %. Y
eso que se había reducido la edad mínima para votar de 25 a 21 años,
«pensando que los jóvenes votarían a los federales».25 Como señaló Nicolás Estévanez, «España distaba mucho de ser republicana».26


La República federal

Proclamación de la República Federal y huida de Estanislao Figueras

El 1 de junio de 1873 se abrió la primera sesión de las Cortes Constituyentes bajo la presidencia del veterano republicano José María Orense y comenzó la presentación de propuestas. El 7 de junio se debatió la primera de ellas, suscrita por siete diputados, que decía:


Artículo único. La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal.


El presidente, haciendo cumplir lo que ordenaba el Reglamento de las
Cortes para la aprobación definitiva de las propuestas de ley, dispuso
celebrar una votación nominal al día siguiente. El 8 de junio se aprobó la propuesta con el voto favorable de 218 diputados y solamente 2 en contra, proclamándose ese día la República Federal.27


A pesar de que los republicanos federales gozaban de una mayoría
aplastante en las Cortes Constituyentes, en realidad estaban divididos
en tres grupos:28


  • Los "intransigentes" con unos 60 diputados formaban la izquierda de
    la Cámara y propugnaban que las Cortes se declararan en Convención,
    asumiendo todos los poderes del Estado -el legislativo, el ejecutivo y
    el judicial- para construir la República Federal de abajo arriba, desde
    el municipio a los cantones o Estados y desde éstos al poder federal, y
    también defendían la introducción de reformas sociales que mejoraran las
    condiciones de vida del cuarto estado. Este sector de los republicanos federales no tenía un líder claro, aunque reconocían como su "patriarca" a José María Orense, el viejo marqués de Albaida. Destacaban dentro de él Nicolás Estévanez, Francisco Díaz Quintero, los generales Juan Contreras y Blas Pierrad, o los escritores Roque Barcia y Manuel Fernández Herrero
  • Los "centristas" liderados por Pi y Margall coincidían con los
    "intransigentes" en que el objetivo era construir una república federal
    pero de arriba abajo, es decir, primero había que elaboran la
    Constitución federal y luego proceder a la formación de los cantones o
    estados federados. El número de diputados con que contaba este sector no
    era muy amplio y en muchas ocasiones actuaban divididos en las
    votaciones, aunque se solían inclinar por las propuestas de los
    "intransigenes".
  • Los "moderados" constituían la derecha de la Cámara y estaban liderados por Emilio Castelar y Nicolás Salmerón -y entre los que también destacaban Eleuterio Maisonnave y Buenaventura Abarzuza Ferrer-
    y defendían la formación de una República democrática que diera cabida a
    todas las opciones liberales, por lo que rechazaban la conversión de
    las Cortes en un poder revolucionario como defendían los
    "intransigentes" y coincidían con los pimargalianos en que la prioridad
    de las Cortes era aprobar la nueva Constitución. Constituían el grupo
    más numeroso de la Cámara, aunque había ciertas diferencias entre los
    seguidores de Castelar, que eran partidarios de la conciliación con los
    radicales y con los constitucionales para incluirlos en el nuevo
    régimen, y los seguidores de Salmerón que propugnaban que la República
    sólo debían fundamentarse en la alianza de los republicanos "viejos". Su
    modelo era la República Francesa, mientras que "intransigenes" y "centristas" pimargalianos lo eran Suiza y Estados Unidos, dos repúblicas de estructura federal.
Así narraba Benito Pérez Galdós el clima parlamentario de la I República:


Las sesiones de las Constituyentes me atraían, y las más de las
tardes las pasaba en la tribuna de la prensa, entretenido con el
espectáculo de indescriptible confusión que daban los padres de la
Patria. El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones,
desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta
espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador e
imposibilitaban las funciones históricas. Días y noches transcurrieron
sin que las Cortes dilucidaran en qué forma se había de nombrar
Ministerio: si los ministros debían ser elegidos separadamente por el
voto de cada diputado, o si era más conveniente autorizar a Figueras o a
Pi para presentar la lista del nuevo Gobierno. Acordados y desechados
fueron todos los sistemas. Era un juego pueril, que causaría risa si no
nos moviese a grandísima pena.


Presidiendo un Consejo de Ministros, harto de debates estériles, llegó Estanislao Figueras a gritar en catalán: «Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!»29


En cuanto se reunieron las Cortes Constituyentes, Estanislao Figueras
devolvió sus poderes a la Cámara y propuso que se nombrara nuevo
presidente del Poder Ejecutivo a su ministro de Gobernación, Francisco
Pi y Margall, pero los intransigentes se opusieron y lograron que Pi
desistiera de su intento de formar gobierno, por lo Figueras quedó
encargado de formarlo. Entonces Figueras tuvo conocimiento de que los
generales "intransigentes" Contreras y Pierrad preparaban un golpe de
estado para iniciar la República federal al margen del Gobierno y de las
Cortes, lo que le hizo temer por su vida, sobre todo después de que Pi y
Margall no se mostrara muy dispuesto a entrar en su gobierno. El 10 de junio Figueras, presa del pánico, huyó a Francia:30 dejó disimuladamente su dimisión en su despacho en la Presidencia31 se fue a dar un paseo por el parque del Retiro y, sin decir una palabra a nadie, tomó el primer tren que salió de la estación de Atocha. No se bajó hasta llegar a París.



Pi y Margall accede a la presidencia del Poder ejecutivo, junio de 1873, dibujo de Vierge.
Al día siguiente se produjo un nuevo intento de golpe de Estado,
cuando una masa de republicanos federales instigados por los
"intransigentes" rodeó el edificio del Congreso de los Diputados en
Madrid, mientras el general Contreras, al mando de la milicia de los Voluntarios de la República,
tomaba el Ministerio de la Guerra. Entonces los "moderados" Castelar y
Salmerón propusieron que Pi y Margall ocupara la presidencia vacante del
Poder Ejecutivo, pues era el dirigente con más prestigio dentro del
partido republicano. "Castelar y Salmerón creyeron que Pi y Margall,
cercano a los intransigentes, el que les había dado su base ideológica y
su organización, podría controlar y contentar a la izquierda
parlamentaria mediante un Gabinete de conciliación". Finalmente los
"intransigentes" aceptaron la propuesta aunque bajo la condición de que
fueran las Cortes las que eligieran a los miembros del gobierno que iba a
presidir Pi y Margall.32


Según otras versiones no contrastadas, el acceso de Pi y Margall a la
presidencia del Poder Ejecutivo fue el resultado de la actuación de un
coronel de la Guardia Civil,
José de la Iglesia, quien ante el vacío de poder creado por la huida de
Figueras y ante la amenaza de que se produjera un golpe de estado, se
presentó con un piquete en el edificio del Congreso y anunció a los
diputados que de allí no salía nadie hasta que eligieran a un nuevo
presidente.[cita requerida]


Gobierno de Francisco Pi y Margall


Retrato de Francisco Pi y Margall, segundo presidente del Poder Ejecutivo de la República.

La república federal para Pi y Margall:

El procedimiento (no hay para qué ocultarlo), era abiertamente contrario
al anterior: el resultado podía ser el mismo. Representadas habían de
estar en las nuevas Cortes las provincias, y, si éstas tenían formada
idea sobre los límites en que habían de girar los poderes de los futuros
Estados, a las Cortes podían llevarla y en las Cortes sostenerla. Como
determinando la esfera de acción de las provincias habría venido a
quedar determinada por el otro procedimiento la del Estado, determinando
ahora la del Poder central, se determinaba, se quisiera o no, la de las
provincias. Uno y otro procedimiento podían, a no dudarlo, haber
producido una misma constitución y no habría sido, a mi manera de ver,
ni patriotismo ni político dificultar, por no transigir por este punto,
la proclamación de la República.

Si el procedimiento de abajo arriba no era más lógico y más adecuado a
la idea de la Federación, era, en cambio, el de arriba abajo más propio
de una nacionalidad ya formada como la nuestra, y en su aplicación mucho
menos peligroso. No había por él solución de continuidad en el Poder;
no se suspendía ni por un solo momento la vida de la nación; no era de
temer que surgiesen graves conflictos entre las provincias; era la obra
más fácil, más rápida, menos expuesta a contratiempos y vaivenes...
—Francisco Pi y Margall
El programa de gobierno que presentó Pi y Margall ante las Cortes se basaba en la necesidad de acabar con la guerra carlista, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud y las reformas en favor de las mujeres y los niños trabajadores.33
Sobre este último punto las Cortes aprobaron el 24 de julio de 1873 una
ley que regulaba «el trabajo de los talleres y la instrucción en las
escuelas de los niños obreros de ambos sexos».34 También incluía la devolución a los pueblos de los bienes comunales mediante una ley que modificara la desamortización
de Madoz, pero la ley no llegó a ser aprobada. Tampoco llegó a
aprobarse otra que tenía como objeto la cesión vitalicia de tierras a
los arredatarios a cambio del pago de un censo.
La que sí fue aprobada fue una ley de 20 de agosto que dictaba reglas
«para redimir rentas y pensiones conocidas con los nombres de foros, subforos y otros de igual naturaleza».35
Por último el programa incluía como prioridad la elaboración de la
nueva Constitución y el impulso a la enseñanza obligatoria y gratuita.


Enseguida el gobierno de Pi y Margall se encontró con la oposición de
los "intransigentes" porque en su programa no se habían incluido
algunas de las reivindicaciones históricas de los federales como "la
abolición del estanco del tabaco, de la lotería, de los aranceles judiciales y de los consumos
repuestos en 1870 por ausencia de recursos". La inoperancia del
gobierno a causa de la labor de bloqueo que realizaban los ministros
"intransigentes" hizo que se presentara en las Cortes una proposición
para que se concediera al presidente del Poder Ejecutivo la facultad de
nombrar y destituir libremente a sus ministros. La aprobación de la
misma le permitiría a Pi sustituir a los ministros intransigentes por
otros del sector "moderado", naciendo así un gobierno de coalición entre
los "centristas" pimargalianos y los "moderados" de Castelar y
Salmerón. La respuesta de los "intransigentes" fue reclamar que las
Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución
Republicana federal, se constituyeran en Convención
de la cual emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder
ejecutivo, propuesta que fue rechazada por la mayoría de diputados que
apoyaba al gobierno, y a continuación el 27 de junio los
"intransigentes" presentaron un voto de censura contra el gobierno, que
incluía la paradójica petición de que su presidente Pi y Margall se
pasara a sus filas. La crisis se resolvió al día siguiente, como temían
los "intransigentes", con la entrada en el gobierno de los "moderados"
Maisonnave en Estado, Joaquín Gil Berges en Gracia y Justicia y José Carvajal Hué en Hacienda, además de reforzar la presencia de los pimargalianos con Francisco Suñer en Ultramar y Ramón Pérez Costales en Fomento. El programa del nuevo gobierno se resumió en el lema «orden y progreso».36


El 30 de junio Pi y Margall pidió a las Cortes facultades
extraordinarias para acabar con la guerra carlista, aunque limitadas al
país vasconavarro y a Cataluña. Los "intransigentes" se opusieron
ferozmente a la propuesta porque la entendían como la imposición de la
"tiranía" y la pérdida de la democracia, aunque el gobierno les aseguró
que sólo se aplicaría a los carlistas y no a los republicanos federales.
Aprobada la propuesta por las Cortes el gobierno publicó un manifiesto
en el que después de justificar los poderes extraordinarios que había
recibido, anunció la llamada al Ejército de las quintas y de la reserva,
pues «la patria exige el sacrificio de todos sus hijos, y no será
liberal ni español, el que no lo haga en la medida de sus fuerzas».37


Proyecto de Constitución Federal

Artículo principal: Proyecto de Constitución Federal de 1873
En el programa de gobierno que presentó Pi y Margall a las Cortes se
señaló como una de sus prioridades la rápida aprobación de la
Constitución de la República, por lo que inmediatamente se eligió una
comisión de 25 miembros encargada de redactar el proyecto. Uno de sus
miembros, el «moderado» Emilio Castelar, escribió en veinticuatro horas el que sería asumido por el conjunto de la comisión y presentado a las Cortes para su debate.38
El proyecto no satisfizo ni a los radicales ni a los constitucionales y
tampoco a los republicanos federales «intransigentes» que acabarían
presentado otro proyecto constitucional.39


En el Proyecto de Constitución Federal de 1873 redactado por Emilio Castelar, este reflejó su concepción de la República como la forma de gobierno
más adecuada para que entraran en ella todas las opciones liberales,
porque no se podía conciliar la democracia con la monarquía como lo
había demostrado la experiencia de la «monarquía democrática» de Amadeo I.
Pero para que la República fuera aceptable por las clases conservadoras
y medias era necesario poner fin a lo que Castelar llamaba «demagogia
roja» que confundía la república con el socialismo.
De ahí que el proyecto de Constitución federal que presentó ante las
Cortes fuera a su entender una continuación de los principios
establecidos en la Constitución de 1869
—de hecho mantuvo su Título I—. Asimismo su proyecto se basaba en una
rígida separación de poderes, todos electivos. Así el presidente de la
República no era elegido por las Cortes sino mediante unas juntas
electorales votadas en cada Estado regional, que emitirían su voto y el
candidato que obtuviera la mayoría absoluta sería proclamado por las
Cortes -y en caso de que ninguno obtuviera la mayoría absoluta sería
elegido por los diputados entre los dos candidatos con mayor número de
votos-. Su función fue la de ejercer el llamado «poder de relación»
entre las diferentes instituciones. Los diputados y senadores, por su
parte, no podían formar parte del Gobierno, ni éste asistir a las
reuniones de las Cámaras. En cuanto al Poder Judicial se establecía el
jurado para todo tipo de delitos y en cuanto a la estructura federal,
cada Estado gozaría de «toda la autonomía política compatible con la
existencia de la nación» y podría dotarse de una Constitución propia,
siempre que no fuera contraria a la federal, y tener su propia Asamblea
Legislativa. Por último, los municipios elegirían a sus concejales,
alcalde y jueces por sufragio universal.40


El proyecto de Constitución iba «precedido de un preámbulo en el que
se razonan las exigencias a las que intenta responder su articulado.
Primero la de consolidar la libertad y la democracia conquistadas por la
Gloriosa Revolución de Septiembre.
Después la de indicar una división territorial, que basada en la
historia, asegurase la Federación y con ella la unidad nacional. Por
último, diluir los poderes públicos de manera que no pudieran
confundirse ni mucho menos facilitar el advenimiento de la dictadura».41 Después del preámbulo venían los 117 artículos de que constaba organizados en 17 títulos.



Estados que componen la nación española según el proyecto de Constitución Federal de 1873
Su artículo más discutido, al que se refirieron la mayoría de las
enmiendas que llegaron a discutirse, fue el primero en el que se
establecía la división territorial de la República, y en la que se
incluyó a Cuba y a Puerto Rico como forma de resolver el problema
colonial —añadiéndose más adelante que leyes especiales regularían la
situación de las otras provincias ultramarinas—:41


Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía
Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla
la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto
Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las
actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales.


Estos estados tendrían una «completa autonomía
económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la
existencia de la Nación», así como «la facultad de darse una
Constitución política» (artículos 92º y 93º).


El proyecto de Constitución preveía en su Título IV, además de los clásicos poderes legislativo, ejecutivo y judicial, un cuarto poder de relación que sería ejercido por el presidente de la República.


El poder legislativo estaría en manos de las Cortes federales, compuestas por Congreso y Senado,
siendo el Congreso una cámara de representación proporcional con un
diputado «por cada 50 000 almas» que se renovaría cada dos años, y el
Senado, una cámara de representación territorial siendo elegidos cuatro
senadores por las Cortes de cada uno de los Estados.


El poder ejecutivo sería ejercido por el Consejo de Ministros, cuyo presidente sería elegido por el presidente de la República.


El artículo 40 del proyecto disponía: «En la organización política de
la Nación española todo lo individual es de la pura competencia del
individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del
Estado, y todo lo nacional, de la Federación». El artículo siguiente
declaraba que «Todos los poderes son electivos, amovibles y
responsables», y el artículo 42 que «La soberanía reside en todos los
ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos
políticos de la República, constituida por medio del sufragio
universal», debiéndose tener en cuenta que con «sufragio universal» en
aquella época se referían al sufragio masculino, pues las mujeres no tenían derecho de voto.


El poder judicial residiría en el Tribunal Supremo Federal, que se
compondría «de tres magistrados por cada Estado de la Federación»
(artículo 73) que nunca serían elegidos por el poder ejecutivo ni el
legislativo. Además, establecía que todos los tribunales serían
colegiados e imponía la institución del jurado para toda clase de
delitos.


El poder de relación sería ejercido por el presidente de la República
Federal cuyo mandato duraría «cuatro años, no siendo inmediatamente
reelegible», como decía el artículo 81 del proyecto.


En cuanto a los derechos y libertades, el proyecto fue una continuación del Título I de la Constitución española de 1869,
aunque introducía «algunas innovaciones significativas, como la
separación definitiva de Iglesia y Estado y la prohibición expresa de
subvencionar cualquier culto. También exigía la sanción civil de los
matrimonios, nacimientos y defunciones y se declaraban abolidos los
títulos nobiliarios. Se establecía y regulaba con bastante amplitud el
derecho de asociación [...]».41


El inicio de la rebelión cantonal y la dimisión de Pi y Margall

Artículo principal: Rebelión cantonal

Caricatura de la revista satírica La Flaca en la que aparece Pi y Margall desbordado por el federalismo, representado por figuras infantiles ataviadas con los distintos trajes regionales.
La respuesta de los "intransigentes" a la política de "orden y
progreso" del gobierno de Pi y Margall fue abandonar las Cortes el 1 de
julio, alegando como motivo inmediato un bando del gobernador civil de
Madrid limitando las garantías de los derechos individuales. Sólo quedó
en las Cortes el diputado Navarrete quien al día siguiente explicó los
motivos del retraimiento acusando al gobierno de Pi y Margal de falta de
energía y de haber contemporizado e incluso claudicado frente a los
enemigos de la República Federal. Pi y Margall le contestó en esa misma
sesión del 2 de julio:42


Lo que pretende el Sr. Navarrete y sus epígonos es que el Gobierno
debería haber sido un gobierno revolucionario, que debería haberse
arrogado una cierta dictadura, dejando de contar con las Cortes
Constituyentes. [...] Si la República hubiese venido de abajo-arriba, se
habrían constituido los cantones,
pero el período habría sido largo, trabajoso y pleno de conflictos, al
paso que ahora, por medio de las Constituyentes, traemos la República federal, sin grandes perturbaciones, sin estrépito y sin sangre.


Tras el abandono de las Cortes exhortaron a la inmediata y directa formación de cantones,
lo que iniciaría la rebelión cantonal, formándose en Madrid un Comité
de Salvación Pública para dirigirla, aunque, según López Cordón, «lo que
prevaleció fue la iniciativa de los federales locales, que se hicieron
dueños de la situación en sus respectivas ciudades». A pesar de que hubo
casos como el de Málaga, en que las autoridades locales fueron las que
encabezaron la sublevación, en la mayoría se formaron juntas
revolucionarias. En pocos días la revuelta era un hecho en Andalucía,
Valencia y Murcia.43


Pi y Margall reconoció que lo que estaban haciendo los
«intransigentes» era poner en práctica su teoría del federalismo
"pactista" de abajo arriba, pero condenó la insurrección porque esa
teoría estaba pensada para una ocupación del poder «por medio de una
revolución a mano armada» no para una «República [que] ha venido por el
acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica».37


El 30 de junio el ayuntamiento de Sevilla acordó transformarse en República Social. Una semana más tarde, el 9 de julio, Alcoy
se declara independiente: desde el día 7 de julio estaba teniendo lugar
una ola de asesinatos y ajustes de cuentas al amparo de una huelga
revolucionaria (la llamada Revolución del petróleo dirigida por elementos locales de la sección española de la AIT).


Según Jorge Vilches, «puntos comunes en las declaraciones cantonales fueron la abolición de impuestos impopulares, como los consumos y el estanco de tabacos y sal, la secularización
de los bienes del clero, el establecimiento de medidas favorables a los
trabajadores, el indulto a presos por delitos contra el Estado, la
sustitución del Ejército por la milicia y la formación de comités o
juntas de salud pública».44


Los focos federales del país no estallaron en forma de estados
autónomos, sino como una constelación de cantones independientes. Los
levantamientos se produjeron, fundamentalmente, en diversas localidades
de Valencia, Murcia y Andalucía.
Sin embargo, las experiencia paradigmática del periodo, el famoso
Cantón de Cartagena, respondió en verdad a un intento de montar un Cantón Murciano
en donde sus promotores se dividieron entre los que pretendían que
fuera de tipo regional y los que aspiraban a uno de tipo provincial.45 Otros de ámbito provincial fueron los de Valencia y Málaga. Otros afectaron a municipios como Alcoy, Algeciras, Almansa, Andújar, Bailén, Cádiz, Castellón, Granada, Motril, Salamanca, Sevilla, Tarifa y Torrevieja. Por último, llegó a haber otros que afectaron a pequeñas localidades como el pueblo manchego de Camuñas o el murciano de Jumilla, aunque sobre este último no existe constancia en el archivo municipal de proclamación de cantón alguno.46 47


El más duradero y activo de todos los cantones fue el cantón de Cartagena, que estalló el 12 de julio en aquella base militar y naval, bajo la inspiración del diputado federal murciano Antonio Gálvez Arce, conocido como Antonete.48



Bandera cantonal de Cartagena en 1873.
Los cantonalistas cartageneros toman el castillo de Galeras. Izan una bandera roja y dan un cañonazo como señal previamente acordada, para indicar a la fragata Almansa que se han tomado las defensas y puede sublevarse junto al resto de la escuadra.49
En realidad, a falta de una bandera roja por completo, se iza una
bandera turca. Enseguida se retira la bandera, y a falta de pintura
roja, y para evitar confusiones que lleven a pensar que han perdido el
control del castillo, un sublevado se corta en el brazo voluntariamente y
con su sangre tiñe la media luna y la estrella.49
El capitán general, al conocer lo sucedido, transmite a Madrid su
famoso telegrama: «El castillo de Galeras ha enarbolado bandera turca». Antonio Gálvez Arce
apasionó a la marinería con su inflamada oratoria y se apoderó de la
escuadra fondeada en el puerto, que en ese momento se componía de lo
mejor de la Armada. Con la flota en su poder sembró el terror en la costa mediterránea próxima, y fue declarado «pirata y buena presa» por decreto del gobierno republicano.50 Ya en tierra, dirigió una marcha sobre Madrid que fue desbaratada en Chinchilla. El cantón de Cartagena acuñó moneda propia, el duro cantonal, y resistió seis meses de guerra e independencia de facto.


Dos fragatas cantonales, la fragata de hélice Almansa y la fragata blindada Vitoria, salieron de Cartagena «hacia una potencia extranjera» (es decir, a Almería),
para recaudar fondos. Al negarse la ciudad a pagar, fue bombardeada y
tomada por los cantonalistas, quienes se cobraron ellos mismos el
tributo. El general Contreras, al mando de la flota, se hizo rendir
honores al desembarcar, curiosamente al son de la Marcha Real. A continuación, repitieron hazaña en Alicante y, de vuelta a Cartagena, fueron apresados como piratas por las fragatas acorazadas HMS Swiftsure y SMS Friedrich Carl, británica y alemana respectivamente.



Principales escenarios del levantamiento cantonalista y de la Tercera Guerra Carlista.
El gobierno de Pi y Margall se vio desbordado por la rebelión cantonal y también por la marcha de la Tercera Guerra Carlista, ya que los partidarios de don Carlos campaban por sus respetos con total libertad en las Vascongadas, Navarra y Cataluña, salvo en las capitales, y extendían su acción a todo el país a través de partidas, mientras que el pretendiente Carlos VII había formado en Estella un gobierno con sus propios ministerios, que comenzaba incluso a acuñar moneda, mientras que la connivencia de Francia les permitía recibir ayuda externa.


Para acabar con la rebelión cantonal Pi y Margall se negó a aplicar
las medidas de excepción que le proponía el sector "moderado" de su
partido, que incluía la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque
confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal –lo que
no sucedió– y la vía del diálogo –la "guerra telegráfica" que ya le
funcionó cuando la Diputación de Barcelona proclamó el Estado catalán– haría entrar en razón a los sublevados.51
No obstante no dudó en reprimir a los sublevados como lo prueba el
telegrama que envió el ministro de la Gobernación a todos los
gobernadores civiles el 13 de julio, nada más tener conocimiento de la
proclamación del Cantón Murciano el día anterior:52


[...]Obre V.S. en esa provincia enérgicamente. Rodéese de todas las
fuerzas de que disponga, principalmente de las de voluntarios y sostenga
el orden a todo trance. [...] Las insurrecciones carecen hoy de toda
razón de ser puesto que hay una Asamblea soberana, producto del sufragio
universal y pueden todos los ciudadanos emitir libremente sus ideas,
reunirse y asociarse. Cabe proceder contra ellas con rigurosa justicia.
V.S. puede obrar sin vacilación y con perfecta conciencia


La política de Pi y Margall de combinar la persuasión y la represión
para acabar con la rebelión cantonal se aprecia muy bien en las
instrucciones que dio al general republicano Ripoll en su cometido de
acabar con la rebelión cantonal en Andalucía al frente de ejército de
operaciones con base en Córdoba compuesto por 1677 infantes, 357
caballos y 16 piezas de artillería:53


Confío tanto en la prudencia de Vd. como en su temple de alma. No
entre en Andalucía en son de guerra. Haga Vd. comprender a los pueblos
que no se forma un ejército sino para garantizar el derecho de todos los
ciudadanos y hacer respetar los acuerdos de la Asamblea. Tranquilice
Vd. a los tímidos, modere a los impacientes; manifiésteles que con sus
eternas conspiraciones y frecuentes desórdenes están matando a la
República. Mantenga siempre alta su autoridad. Apele, ante todo, a la
persuasión y al consejo. Cuando no basten no vacile en caer con energía
sobre los rebeldes. La Asamblea es hoy el poder soberano


Como la política de Pi y Margall no consiguió detener la rebelión
cantonal, el sector "moderado" le retiró su apoyo el 17 de julio
proponiendo para sustituirlo a Nicolás Salmerón. Al día siguiente Pi y Margall dimitió, tras 37 días de mandato.51 De esta forma describió las decepciones que le había dado la política:


Han sido tantas mis amarguras en el poder, que no puedo codiciarlo.
He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi
confianza en los hombres, que constituía el fondo de mi carácter. Por
cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre desinteresado y
patriótico, cientos que no buscaban en la política sino la satisfacción
de sus apetitos. He recibido mal por bien...


El gobierno de Nicolás Salmerón y la represión de la rebelión cantonal

Artículo principal: Rebelión cantonal

Nicolás Salmerón Alonso, tercer presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República.
Nicolás Salmerón,
elegido presidente del Poder Ejecutivo con 119 votos a favor y 93 votos
en contra, era un federalista moderado que defendía la necesidad de
llegar a un entendimiento con los grupos conservadores y una lenta
transición hacia la república federal. Según Jorge Vilches, «sus
intervenciones parlamentarias, excesivamente académicas y altivas, en
las dos últimas legislaturas del reinado de Amadeo I,
le granjearon popularidad entre los republicanos» y «en las Cortes
Constituyentes de la República española lideró una fracción de la
derecha republicana, algo lógico no sólo por sus ideas conservadoras,
sino por la carencia de hombres de talento, de experiencia en la vida
política y de conocimientos constitucionales o jurídicos entre los
diputados republicanos de aquella Asamblea».54 Su oratoria demoledora prosiguió en las Cortes de la Restauración. Francisco Silvela decía que Salmerón, en sus discursos, sólo usaba un arma: la artillería. Antonio Maura
caracterizaba el tono profesoral de don Nicolás diciendo que «siempre
parece que esté dirigiéndose a los metafísicos de Albacete».


Ya durante su etapa como ministro de Gracia y Justicia en el gobierno de Estanisalo Figueras, promovió la abolición de la pena de muerte, así como la independencia del poder judicial frente al político.


Su llegada a la presidencia del Poder Ejecutivo produjo una intensificación del movimiento cantonalista
porque los "intransigentes" pensaron que con Salmerón sería imposible
ni siquiera alcanzar la República Federal desde arriba, como les había
asegurado Pi y Margall, por lo que el mismo día del nombramiento de
Salmerón formaron en Madrid un Comité de Salud Pública
que se coordinaría con las provincias y una Comisión de Guerra
presidida por el general Contreras para organizar la revuelta cantonal.
Finalmente el 30 de julio formaron un "Gobierno provisional de la
federación española" dirigido por Roque Barcia. En aquel momento, entre carlistas y cantonales, 32 provincias se hallaban levantadas en armas.55



Asedio de Valencia, los intransigentes toman el Matilde y huyen a Cartagena por mar.
El lema del gobierno de Salmerón fue el «imperio de la ley», lo que
suponía que para salvar la República y las instituciones liberales había
que acabar con carlistas y cantonales. Para sofocar la rebelión
cantonal tomó medidas duras como destituir a los gobernadores civiles,
alcaldes y militares que había apoyado de alguna forma a los
cantonalistas y a continuación nombró a generales contrarios a la
República Federal como Manuel Pavía o Arsenio Martínez Campos –lo que no le importó porque lo prioritario era restablecer el orden– para que mandaran las expediciones militares a Andalucía y a Valencia, respectivamente. «Además, movilizó a los reservistas, aumentó la Guardia Civil
con 30 000 hombres, nombró delegados del Gobierno en las provincias con
las mismas atribuciones que el Ejecutivo. Autorizó a las Diputaciones a
imponer contribuciones de guerra y a organizar cuerpos armados
provinciales, y decretó que los barcos en poder de los cartageneros se consideraran piratas –lo que suponía que cualquier embarcación podía abatirlos estuviera en aguas españolas o no–».55 Gracias a estas medidas fueron sometidos uno tras otro los distintos cantones, excepto el de Cartagena que resistiría hasta el 12 de enero de 1874.


En la sesión de las Cortes del 6 de septiembre Pi i Margall realizó
una dura crítica sobre la forma como se había reprimido la rebelión
cantonal:56


El Gobierno ha vencido a los insurrectos, pero ha sucedido lo que yo
temía: han sido vencidos los republicanos. ¿Lo han sido los carlistas?
No. Interín ganabais vitalidad en el mediodía, los carlistas la ganaban
en el norte. [...] Yo no hubiese apelado a vuestros medios, declarando
piratas a los buques de que se apoderaron los federales; yo no hubiese
permitido el que naciones extranjeras, que ni siquiera nos han
reconocido, viniesen a intervenir en nuestras tristísimas discordias. Yo
no hubiese bombardeado Valencia. Yo os digo que, por el camino que
seguís es imposible salvar la República, porque vosotros desconfiáis de
las masas populares y sin tener confianza en ellas, es imposible que
podáis hacer frente a los carlistas



Carlistas catalanes
Como todavía persistía la frecuente indisciplina de las tropas —que
en algún caso se saldó con el asesinato del oficial al mando— los
generales pidieron el restablecimiento completo de las Ordenanzas militares españolas que incluía la pena de muerte
para los soldados que incumplieran determinados artículos. La propuesta
fue aprobada en las Cortes, con la oposición de Salmerón que era
absolutamente contrario a la pena de muerte. Así cuando el 5 de
septiembre se le presentó a la firma la aplicación de una sentencia de
muerte de ocho soldados que en Barcelona se habían pasado al bando
carlista, Nicolás Salmerón prefirió dimitir a manchar su conciencia y
presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Poder Ejecutivo, a
pesar de que el presidente de las Cortes en aquel momento, Emilio Castelar, intentó convencerle para que no lo hiciera –lo único que consiguió fue aplazarla un solo día–.57
Cuando murió Salmerón muchos años después se grabó en piedra en su
mausoleo: «abandonó el poder por no firmar una sentencia de muerte».


En la decisión de Nicolás Salmerón de dimitir también pudo pesar la
conducta del general Pavía de continuo desafío a su autoridad. Manuel
Pavía, nombrado por Salmerón al frente del Ejército de Andalucía, quería
tomar a toda costa el cantón de Málaga,
el último reducto insurgente andaluz, pero el gobierno había sellado un
pacto no escrito con el gobernador civil de Málaga por el que se
permitía su semiindependencia de facto
—lo que incluía que no habría fuerzas del Ejército en la capital
malagueña— a cambio de que reconociera plenamente la autoridad del
gobierno de Madrid. Pavía presentó por dos veces su dimisión que no le
fue aceptada, como lo hizo después con el nuevo presidente del Poder
Ejecutivo Emilio Castelar
que continuó resistiendo a la presión de Pavía. El problema se resolvió
con la salida de Málaga de los cantonalistas encabezados por el
gobernador civil, siendo detenidos en Boadilla
por las fuerzas de Pavía, quien finalmente consiguió lo que se
proponía: entrar en Málaga al frente de las tropas gubernamentales y
acabar con el cantón.58


Gobierno de Emilio Castelar


Emilio Castelar, cuarto presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española
Al día siguiente, el 7 de septiembre, fue elegido para ocupar la Presidencia del Poder Ejecutivo Emilio Castelar,
partidario de la república unitaria, catedrático de Historia y
destacado orador, por 133 votos a favor frente a los 67 obtenidos por Pi
y Margall. Durante su anterior etapa como Ministro de Estado en el
gobierno de Estanislao Figueras, promovió y consiguió que se aprobase la
abolición de la esclavitud en Puerto Rico, aunque no en Cuba por la situación de guerra que vivía.


En el discurso de presentación del nuevo gobierno ante las Cortes,
Castelar dijo que su ministerio representaba «la libertad, la
democracia, la República... pero además somos la federación sin romper
la unidad de la patria».59 De esta forma resumía su concepción de la República como la forma de gobierno en la que debían caber todas las opciones liberales, incluidas las conservadoras.39


Emilio Castelar había quedado hondamente impresionado por el desorden causado por la rebelión cantonal, que cuando él asumió la presidencia del Poder Ejecutivo estaba prácticamente acabada, con la excepción del último reducto del cantón de Cartagena. Así valoró mucho más tarde lo que había supuesto para el país, según él, la rebelión cantonal:


Hubo días de aquel verano en que creíamos completamente disuelta
nuestra España. La idea de la legalidad se había perdido en tales
términos que un empleado cualquiera de guerra60
asumía todos los poderes y lo notificaba a las Cortes; y los encargados
de dar y cumplir las leyes desacatábanlas sublevándose o tañendo a
rebato contra la legalidad. No se trataba allí, como en otras ocasiones,
de sustituir un ministerio al ministerio existente, ni una forma de
Gobierno a la forma admitida; tratábase de dividir en mil porciones
nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la caída del califato de Córdoba. De provincias llegaban las ideas más extrañas y los principios más descabellados. Unos decían que iban a resucitar la antigua coronilla de Aragón (sic), como si las fórmulas del derecho moderno fueran conjuros de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra. Jaén se apercibía a una guerra con Granada. Salamanca temblaba por la clausura de su gloriosa Universidad
y el eclipse de su predominio científico [...] La sublevación vino
contra el más federal de todos los ministerios posibles, y en el momento
mismo en que la Asamblea trazaba de prisa un proyecto de Constitución, cuyos mayores defectos provenían de la falta de tiempo en la comisión y de la sobra de impaciencia en el gobierno.61


El 9 de septiembre, solo dos días después de haber sido investido
presidente del Ejecutivo, Castelar consiguió de las Cortes, gracias al
retraimiento de los «intransigentes», la concesión de facultades
extraordinarias, iguales a las pedidas por Pi y Margall para combatir a
los carlistas en el país vasconavarro y Cataluña, pero ahora extendidas a
toda España para acabar también con la rebelión cantonal. El siguiente
paso fue proponer la suspensión de las sesiones de las Cortes, lo que,
entre otras consecuencias, supondría paralizar la discusión y la
aprobación del proyecto de Constitución federal. La sesión parlamentaria
tuvo lugar el 18 de septiembre y dio lugar a un debate muy enconado
entre dos bandos: por un lado, los «intransigentes» -que habían vuelto a
la Cámara- y los «centristas» de Pi y Margall, que se oponían
radicalmente a la propuesta, y por otro, los «moderados» que apoyaban a
Castelar. Pi y Margall intervino para exigir que las sesiones
continuaran hasta que se aprobara la Constitución alegando que los
«períodos de interinidad son peligrosos y ocasionados a turbulencias y
desórdenes», además de afirmar que la pretensión de incorporar a la
República a los constitucionales y a los radicales era una «ilusión»
porque los «partidos en España serán siempre partidos, y tenderán
siempre a alcanzar el poder por los medios que puedan». También acusó a
Castelar de quebrantar la ley, a lo que éste le respondió que fue Pi el
que la infringió en su momento cuando el 23 de abril disolvió la
Comisión Permanente, a lo que él se opuso. Finalmente, la propuesta fue
aprobada con los votos de los republicanos federales moderados y la
oposición de los centristas y los intransigentes. Así las Cortes
quedaron suspendidas desde el 20 de septiembre de 1873 hasta el 2 de
enero de 1874.62
A partir de entonces Castelar gobernó mediante decretos. El 21 de
septiembre publicó una serie de ellos en los que suspendía las garantías
constitucionales, establecía la censura de prensa y reorganizaba el cuerpo de artillería disuelto por Manuel Ruiz Zorrilla durante la última presidencia del reinado de Amadeo I.59
A estos les siguieron otros como el llamamiento a los reservistas y la
convocatoria de una nueva leva con lo que Castelar consiguió un ejército
de 200 000 hombres, y el lanzamiento de un empréstito de 100 millones
de pesetas para hacer frente a los gastos de guerra.63 Con todas estas medidas se propuso cumplir el programa que había presentado ante Cortes para acabar con la rebelión cantonal y con la Tercera guerra carlista:
«para sostener esta forma de gobierno necesito mucha infantería, mucha
caballería, mucha artillería, mucha Guardia civil y muchos carabineros».


Asimismo fueron restablecidas las Ordenanzas militares españolas
lo que permitirá la aplicación de las sentencias de muerte que
provocaron la dimisión de su predecesor, Nicolás Salmerón, y todas las
dictadas por los consejos de guerra.63


Tras la suspensión de las Cortes Castelar inició su proyecto de
acercamiento a las clases conservadoras, sin cuyo apoyo, según Castelar,
la República no podría perdurar ni siquiera alcanzar la estabilidad
política para poder hacer frente a las tres guerras civiles en que
estaba envuelta –la de Cuba, la carlista y la cantonal–. El 29 de
septiembre la Junta directiva del partido constitucional, reunida en
Madrid, aprobó la propuesta de Práxedes Mateo Sagasta, el almirante Topete y Manuel Alonso Martínez de dar su apoyo incondicional al gobierno de Castelar, lo que provocó la salida del partido para ingresar en el Círculo alfonsino de Madrid de Francisco Romero Robledo, Adelardo López de Ayala y de Cristóbal Martín de Herrera.
A cambio Castelar estaba dispuesto a conceder a constitucionales y
radicales los 86 escaños que habían dejado vacantes los diputados
"intransigentes" que se habían sublevado y proponer al constitucional Antonio Ríos Rosas como nuevo presidente de la República. Incluso llegó a ofrecer al alfonsino Antonio Cánovas del Castillo
un escaño y seis más para sus seguidores. Pero la muerte de Ríos Rosas,
el 3 de noviembre, que era el contacto de Castelar con los
constitucionales, truncó el proyecto.64


Mientras tanto en Biarritz, Bayona y San Juan de Luz,
localidades francesas cercanas a la frontera española, los políticos
constitucionales y radicales que se habían instalado allí después de
escapar de España tras el fracasado golpe de estado del 23 de abril, se
reunieron para dar también su apoyo al gobierno de Castelar e impedir el
triunfo de los republicanos federales "intransigentes".65


El golpe de estado de Pavía (3 de enero de 1874)

Artículo principal: Golpe de Estado de Pavía

Entrada de las tropas de Manuel Pavía en el Congreso de los Diputados el 3 de enero de 1874.
La política de Castelar de acercamiento a los constitucionales y a
los radicales de Castelar encontró la oposición del "moderado" Nicolás
Salmerón y de sus seguidores –que hasta entonces habían apoyado al
gobierno– porque creían que la República debía ser construida por los
republicanos auténticos, no por los recién llegados.66
Esta oposición aumentó cuando Castelar nombró a generales de dudosa
afección a la República para los puestos más importantes y cuando cubrió
los puestos vacantes de tres arzobispados a mediados de diciembre, lo
que indicaba que había entablado negociaciones con la Santa Sede,
restableciendo de facto las relaciones con ella, lo que se oponía a la separación de la Iglesia y el Estado que defendían los republicanos.67


La primera muestra de que Salmerón había dejado de apoyar al gobierno
de Castelar se produjo por esas mismas fechas cuando en la Diputación Permanente
de las Cortes sus partidarios votaron junto a pimargallianos e
"intransigentes" en contra de la propuesta de Castelar de que se
celebraran elecciones para ocupar los escaños vacantes, por lo que fue
rechazada.68


A raíz de la derrota parlamentaria de Castelar, Cristino Martos, líder de los radicales, y el general Serrano,
líder de los constitucionales, que hasta entonces habían estado
preparándose para las elecciones parciales que ya no se iban a celebrar,
acordaron llevar a cabo un golpe de fuerza para evitar que Castelar
fuera reemplazado al frente del Poder Ejecutivo por un voto de censura
que previsiblemente iban a presentar Pi y Margall y Salmerón en cuanto
volvieran a abrirse las Cortes el 2 de enero de 1874.66



Memorable batalla de Pavía, caricatura del golpe de Estado de Pavía, en La Madeja Política, nº 13 (24 de enero de 1874). Dibujo de Tomás Padró Pedret.
Cuando el 20 de diciembre Emilio Castelar tuvo conocimiento del golpe
que se preparaba llamó a su despacho el 24 al capitán general de
Madrid, el general Pavía,
para intentar convencerle de que se atuviera a la legalidad y no
participara en la intentona. En esa reunión, según relató después Pavía,
éste le pidió a Castelar que promulgara un decreto ordenando que
continuasen suspendidas las Cortes y que «yo hubiera fijado en la Puerta
del Sol con cuatro bayonetas», a lo que se negó rotundamente Castelar
manifestándole que no se separaría un ápice de la legalidad. Sin embargo
Castelar no destituyó a Pavía.69


Castelar supo que Nicolás Salmerón iba a sumarse al voto de censura
cuando el 30 de diciembre (o el 26 de diciembre según otras fuentes)
mantuvo una entrevista con él, en la que Castelar no aceptó las
condiciones que le había puesto Salmerón para seguir dándole su apoyo:
sustituir a los generales que Castelar había nombrado por otros adictos
al federalismo; revocación del nombramiento de los arzobispos; cese de
los ministros más conservadores dando entrada en el gobierno a
seguidores suyos; y discusión y aprobación inmediata de la Constitución federal.68 70
Al día siguiente, 31 de diciembre, Pi y Margall, Estanislao Figueras y
Salmerón se reunieron para acordar presentar un voto de censura contra
Castelar el día 2 de enero, aunque no llegaron a decidir quién lo
sustituiría.68 Cuando se reabrieron las Cortes a las dos de la tarde del 2 de enero de 1874 el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, tenía preparadas a sus tropas para el caso de que Castelar perdiera la votación parlamentaria.71 En el lado contrario batallones de Voluntarios de la República
estaban preparados para actuar si vencía Castelar –de hecho, según
Jorge Vilches, «los cantonales cartageneros habían recibido la
contraseña de resistir hasta el 3 de enero, día en que siendo derrotado
el Gobierno Castelar se formaría uno intransigente que "legalizaría" su
situación y "cantonalizaría" España»"–, aunque según otros autores no
existe prueba documental de ello.72
Al abrirse la sesión intervino Nicolás Salmerón para anunciar que
retiraba su apoyo a Castelar, que le respondió haciendo un llamamiento
al establecimiento de la «República posible» con todos los liberales,
incluidos los conservadores, y abandonando la «demagogia».73



Eduardo Palanca Asensi, el candidato de los republicanos federales para sustituir a Emilio Castelar cuya elección fue impedida por el golpe de Pavía
Pasada la medianoche se produjo la votación de la cuestión de confianza
en la que el gobierno salió derrotado por 100 votos a favor y 120 en
contra, lo que obligó a Castelar a presentar la dimisión, y a
continuación se hizo un receso para que los partidos consensuaran el
candidato que habría de sustituir a Castelar al frente del Poder
Ejecutivo de la República. En aquellos momentos el diputado
constitucional Fernando León y Castillo ya había hecho llegar el resultado adverso a Castelar al general Pavía.73
Este dio entonces la orden de salir hacia el Congreso de los Diputados a
los regimientos comprometidos y él personalmente se situó en la plaza frente al edificio. La Guardia Civil, que custodiaba el Congreso, se puso a sus órdenes.74 Era la madrugada del 3 de enero, cuando se estaba procediendo a la votación para elegir al candidato federal Eduardo Palanca Asensi.


Salmerón, al recibir la orden del capitán general en una nota
entregada por uno de sus ayudantes en la que le decía «Desaloje el
local», suspendió la votación y comunicó lo que estaba sucediendo.
Seguidamente intervinieron varios diputados para protestar por la acción
de Pavía pero entonces fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército
entraron en el edificio del Congreso disparando tiros al aire por los
pasillos y los diputados lo abandonaron rápidamente.75


El general Pavía nada más desalojar el Congreso envió un telegrama a
los jefes militares de toda España en el que les pedía su apoyo al
golpe, que Pavía llamaba «mi patriótica misión», «conservando el orden a
todo trance». En el telegrama justificaba así lo que más tarde llamará
«el acto del 3 de enero»:76


El ministerio de Castelar [...] iba a ser sustituido por los que
basan su política en la desorganización del ejército y en la destrucción
de la patria. En nombre, pues, de la salvación del ejército, de la
libertad y de la patria he ocupado el Congreso convocando a los
representantes de todos los partidos, exceptuando los cantonales y los
carlistas para que formen un gobierno nacional que salve tan caros
objetivos


El general Pavía intentó que se formara un "gobierno nacional"
presidido por Emilio Castelar, pero a la reunión de los líderes
políticos constitucionales, radicales, alfonsinos y republicanos
unitarios que Pavía convocó con tal fin –los republicanos federales de
Salmerón y de Pi y Margall y los "intransigentes" quedaron obviamente
excluidos–, Castelar rehusó asistir al no querer mantenerse en el poder
por medios antidemocráticos. En la reunión Pavía defendió la república
conservadora y por eso impuso al republicano unitario Eugenio García Ruiz como ministro de la gobernación, y el general Serrano fue nombrado jefe del nuevo gobierno.77


Estos hechos supusieron el final de facto de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más, con el general Serrano al frente; «nominalmente la República continuaba pero completamente desnaturalizada», afirma José Barón Fernández.78
Como ha señalado María Victoria López Cordón, «la facilidad y la escasa
resistencia con que Pavía terminó con la República federal, irrumpiendo
con sus tropas en el Congreso, es el mejor exponente de la fragilidad
de un régimen que apenas contaba con base para sustentarse».79


La República unitaria: la dictadura de Serrano


Retrato del general Serrano, último presidente de la I República, desde enero hasta diciembre de 1874.
El general Francisco Serrano, recién regresado de su exilio en Biarritz por su implicación en la intentona golpista del 23 de abril
del año anterior, formó un gobierno de concentración que agrupó a
constitucionales, radicales y republicanos unitarios, y del que se
excluyó a los republicanos federales. Los radicales Cristino Martos, José Echegaray y Tomás Mosquera ocuparon los ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda y Fomento, mientras los constitucionales Práxedes Mateo Sagasta, el almirante Topete y Víctor Balaguer, ocupaban las carteras de Estado, Marina y Ultramar. El republicano unitario Eugenio García Ruiz, tal como había impuesto el general Pavía, ocupó el ministerio de la Gobernación, y el general Juan Zavala de la Puente el ministerio de Guerra.77


Francisco Serrano, duque de la Torre, de 63 años y antiguo
colaborador de Isabel II y que ya había desempeñado por dos veces la
jefatura del Estado durante el Sexenio Democrático al asumir la presidencia del Poder Ejecutivo de la República y la presidencia del gobierno se fijó como objetivo acabar con la rebelión cantonal y la Tercera Guerra Carlista y luego convocar unas Cortes que decidieran la forma de gobierno.
En el manifiesto que hizo público el 8 de enero justificó el golpe de
Pavía afirmando que el gobierno que iba a sustituir al de Castelar
hubiera supuesto la desmembración de España o el triunfo del absolutismo
carlista y a continuación anunció, dejando abiertas todas las
posibilidades sobre República o Monarquía hereditaria o electiva, que se
convocarían Cortes ordinarias que designarían la80


forma y modo con que han de elegir al supremo Magistrado de la
Nación, marcando sus atribuciones y eligiendo al primero que ha de
ocupar tan alto puesto


Quedó así establecida la dictadura de Serrano pues no existían Cortes
que controlaran la acción del gobierno al haber quedado disueltas las
Cortes republicanas ni ley suprema que delimitara las funciones del
gobierno, porque se restableció la Constitución de 1869
pero a continuación se la dejó en suspenso «hasta que se asegurase la
normalidad de la vida política». La instauración de la dictadura apenas
encontró resistencia popular excepto en Barcelona donde los días 7 y 8
se levantaron barricadas y se declaró la huelga general81
–hubo una docena de víctimas en los enfrentamientos con el ejército y
los sucesos más graves se produjeron en Sarriá a causa de un
levantamiento encabezado por el "Xich de les Barraquetes" al mando de
unos 800 hombres–.82


El manifiesto del 8 de enero definía "la dictadura como el «duro
crisol» y «fuerte molde» que haría ver a la «nobleza y las clases
acomodadas», a la Iglesia también, que el orden es posible con la
libertad y la democracia definidas en la revolución de 1868 y la Constitución de 1869".
Antonio Cánovas del Castillo identificó el proyecto de Serrano, y así
se lo hizo saber a Isabel II y al príncipe Alfonso, con el régimen del general Mac Mahon quien se habían hecho con el poder en Francia tras la caída de Napoleón III, la derrota de la Comuna de París y la imposibilidad de la restauración de la monarquía borbónica con el conde de Chambord –porque éste no aceptó la bandera tricolor republicana– y que estaba apoyado tanto por monárquicos como por republicanos.83
Según Jorge Vilches, "el general Serrano, definido como un «soldado de
fortuna» por Cánovas, dudaba entre su poder personal con la dictadura y
el protagonismo que podía obtener si se erigía en restaurador de
Alfonso, con el beneplácito que sabía iba a contar por parte de Isabel
II". En cambio el otro líder del partido constitucional, Práxedes Mateo Sagasta,
"trabajó sin tapujos por la monarquía constitucional con la dinastía
legítima [los Borbones] como única vía para evitar el derrumbe completo
de la revolución de 1868".84


Recién formado el nuevo gobierno se puso fin a la rebelión cantonal con la entrada en Cartagena el 12 de enero del general José López Domínguez, sustituto de Martínez Campos, mientras Antonete Gálvez, con más de mil hombres, lograba eludir el cerco a bordo de la fragata Numancia, y poner rumbo a Orán. El final de la experiencia cantonal fue pagado por Gálvez con el exilio, pero la Restauración le permitió, mediante amnistía, regresar a su Torreagüera natal. En esta época entablaría una extraña y entrañable amistad con Antonio Cánovas del Castillo,
máximo responsable de la Restauración, quien consideraba a Gálvez un
hombre sincero, honrado y valiente, aunque de ideas políticas
exageradas.


Las primeras medidas que tomó el gobierno de Serrano pusieron de
manifiesto su carácter conservador, como lo puso de manifiesto la
inmediata disolución de la sección española de Asociación Internacional de Trabajadores (AIT),
gracias a que la Constitución de 1869 estaba suspendida, por atentar
«contra la propiedad, contra la familia y demás bases sociales» o el
decreto de movilización del 7 de enero, confirmado por el llamamiento
extraordinario del 18 de julio, en el que se volvió al viejo sistema de
las quintas, con el sorteo y la redención en metálico. La supresión de
los consumos, la tercera reivindicación popular de la Revolución de 1868
junto con el reconocimiento del derecho de asociación y la abolición de
las quintas, tampoco fue respetada por la dictadura de Serrano que el
26 de junio restablecía este impuesto sobre los artículos de «beber,
comer y arder» además de otro sobre la sal y uno extraordinario sobre
los cereales. Como ha señalado María Victoria López Cordón, «la presión
de la guerra, las exigencias económicas de los grupos dirigentes y el
déficit crónico del Tesoro se aliaban para poner fin al ciclo
revolucionario».85


Acabada la rebelión cantonal, Serrano marchó al norte el 26 de
febrero para encargarse personalmente de las operaciones contra los
carlistas dejando al general Juan de Zavala y de la Puente al frente del gobierno y quedando él como presidente del Poder Ejecutivo de la República.83


Tras su éxito en el levantamiento del sitio de Bilbao, Serrano
reforzó su posición en el gobierno con el nombramiento en mayo de
Sagasta al frente del ministerio de la Gobernación, lo que provocó la
salida del mismo de los tres ministros radicales y del único ministro
republicano, el unitario García Ruiz. Así se formó un gobierno
exclusivamente constitucional que siguió presidido por el general
Zavala, quien fue sustituido el 3 de septiembre por Sagasta tras evitar
que Zavala intentara que los republicanos volvieran al gobierno, ya que
en aquel momento los constitucionales propugnaban la Restauración
«parlamentaria y democrática» del príncipe Alfonso. Serrano nombró a Andrés Borrego para que negociara con los alfonsinos
de Cánovas, pero éste rechazó las propuestas de los constitucionales
porque suponía reconocer la Jefatura del Estado de Serrano hasta que
fueran derrotados los carlistas y aceptar que la restauración borbónica
llegaría a través de la convocatoria de unas Cortes generales
extraordinarias –la exreina Isabel II le escribió a su hijo el príncipe
Alfonso: «Serrano sigue empeñado en su propósito de ser presidente de la
República por 10 años con 4 millones de reales anuales»–.86


En ese mes de septiembre en que Sagasta sustituyó al general Zavala
al frente del gobierno, la República consiguió el ansiado reconocimiento
internacional y uno tras otro los distintos Estados fueron
restableciendo las relaciones diplomáticas con España.87


Por iniciativa de Nicolás María Rivero
los radicales, contrarios al nuevo rumbo restauracionista que estaba
tomando el gobierno –sobre todo tras la llegada de Sagasta a la
presidencia–, iniciaron los contactos con los republicanos de Castelar,
en los que el protagonista de los mismos fue el antiguo líder radical Manuel Ruiz Zorrilla
que volvió a la vida política después más de un año apartado de ella
–desde febrero de 1873 en que abdicó Amadeo I–. El objetivo de la
propuesta de unión de los dos grupos políticos era impedir la
restauración borbónica mediante la formación de un partido republicano
conservador que propugnara una nueva República que tuviera como base la
Constitución de 1869 reformada por unas Cortes ordinarias –que
empezarían por cambiar el artículo 33:«La forma de gobierno de la Nación
española es la Monarquía»–. La iniciativa fue apoyada también por el
constitucionalista almirante Topete
que, según Jorge Vilches, no quería «ver restaurada la dinastía a la
que él creía haber dado el primer empujón para su destronamiento». Pero
el proyecto de alianza republicana finalmente fracasó por el acuerdo que
alcanzó Ruiz Zorrilla con los republicanos federales de Nicolás Salmerón que fue rechazado rotundamente por Castelar y Rivero.88


El 1 de diciembre Cánovas tomó la iniciativa con la publicación del Manifiesto de Sandhurst,
escrito por él y firmado por el príncipe Alfonso, en el que éste se
definía «como hombre del siglo, verdaderamente liberal» –afirmación con
la que buscaba la reconciliación de los liberales en torno a su
monarquía– y en el que unía los derechos históricos de la dinastía
legítima con el gobierno representativo y los derechos y libertades que
le acompañan.89
Era la culminación de la estrategia que había diseñado Cánovas desde
que había asumido la jefatura de la causa alfonsina el 22 de agosto de
1873 –en plena rebelión cantonal– que, como le había explicado a la ex
reina Isabel y al príncipe Alfonso en sendas cartas de enero de 1874
–tras el golpe de Pavía– consistía en crear «mucha opinión en favor de
Alfonso» con «calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y
energía».83


El 10 de diciembre Serrano comenzó el sitio de Pamplona, pero el pronunciamiento de Sagunto del 29 de diciembre de 1874 lo interrumpió.


Final de la República


General Arsenio Martínez Campos.
«Cánovas no deseaba que la Restauración
fuera obra de un partido, del Ejército o de un grupo de éste, ni de una
elección parlamentaria o pronunciamiento militar», pero el 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. Luego Martínez Campos telegrafió al presidente del gobierno Sagasta y al ministro de la Guerra Francisco Serrano Bedoya,
quienes a su vez se comunicaron por vía telegráfica con el presidente
del Poder Ejecutivo de la República, el general Serrano, que se
encontraba en el Norte combatiendo contra los carlistas. Serrano les
ordenó no resistir y el gobierno aceptó la decisión sin protestar, por
lo que no ofreció ninguna resistencia cuando se presentó en la sede del
gobierno el capitán general de Madrid Primo de Rivera, implicado en el
pronunciamiento, y les ordenó disolverse.90


El único que tomó alguna iniciativa para oponerse al golpe fue el almirante Topete quien convenció a otros revolucionarios de 1868 como Manuel Ruiz Zorrilla
para que formaran una comisión que se entrevistara con el presidente
Sagasta. Este los recibió en el ministerio de la Gobernación y pareció
acceder a su petición de que sustituyera en la capitanía general de
Madrid a Primo de Rivera por el general Lagunero y que llamara a las
tropas de Ávila que estaban mandadas por un general familiar de Ruiz
Zorrilla. Sagasta se despidió de ellos diciéndoles que si les necesitaba
les llamaría. Ni les llamó ni cumplió lo que al parecer había
prometido.91


El 31 de diciembre de 1874 se formó el llamado Ministerio-Regencia
presidido por Cánovas a la espera de que el príncipe Alfonso regresara a
España desde Inglaterra. En ese gobierno estaban dos hombres de la revolución de 1868 –y ministros con Amadeo I–, Francisco Romero Robledo y Adelardo López de Ayala, quien había sido el redactor del manifiesto «Viva España con honra» que había dado inicio a la revolución.92


Mito y realidad de la Primera República

El historiador José María Jover dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia a la «República de 1873» que fue ampliado y reeditado en 1991 con el título Realidad y mito de la Primera República.93
En este estudio Jover se propuso analizar la visión estereotipada y
deformada que se tenía de la Primera República, que él circunscribía al
año 1873. Según Jover la «intensa actividad mitificadora» de lo que
había sucedido la inició Emilio Castelar
con el discurso que pronunció en las Cortes el 30 de julio de 1873,
sólo dos semanas después de que Pi y Margall fuera sustituido por
Salmerón. De hecho, del discurso se hizo un folleto con doscientos mil
ejemplares de tirada, una cantidad extraordinaria para la época. En él
Castelar equiparaba la rebelión cantonal al «socialismo» y a la «Comuna de París»
y lo calificaba de movimiento «separatista» —«una amenaza insensata a
la integridad de la Patria, al porvenir de la libertad»— contraponiendo
la condición de español y la condición de cantonal.94


Continuador de la visión de Castelar fue Manuel de la Revilla, catedrático de literatura de la Universidad Central, quien consideraba el federalismo como algo absurdo en «naciones ya constituidas» y que respondió al libro de Pi y Margall Las nacionalidades alegando que la puesta en práctica del pacto federal sólo traería «la ruina y la vergüenza».95 96 Sin embargo, la persona que más se distinguió en su ataque a la República (Federal) fue Marcelino Menéndez y Pelayo quien en su Historia de los heterodoxos españoles escribió:97


Imperaba aquí una especie de república... Eran tiempos de desolación
apocalíptica; cada ciudad se constituía en cantón; la guerra civil
crecía con intensidad enorme; [...] Andalucía y Cataluña estaban, de
hecho en anárquica independencia; los federales de Málaga se destrozaban
entre sí...; en Barcelona el ejército, indisciplinado y beodo,
profanaba los templos con horribles orgías; los insurrectos de Cartagena
enarbolaban bandera turca y comenzaban a ejercer la piratería por los
puertos indefensos del Mediterráneo; dondequiera surgían reyezuelos de taifas...


Los rasgos característicos de la imagen de la «República del 73» que legaron a la posteridad estos autores, según José María Jover Zamora,
«se corresponden con otros tantos aspectos reales de la situación
histórica de referencia, si bien deformados por una visión antagónica»:93


Así, el federalismo se convierte en "separatismo" (Castelar, Menéndez Pelayo); la neutralidad religiosa del Estado es expresada como "irreligión" y como "ruptura de la unidad católica", si bien coadyuvan a ello las sectarias medidas anticlericales, no específicas del 73, adoptadas en determinados puntos de Cataluña y Andalucía (Coloma, Menéndez Pelayo); el predominio del poder civil
-sobre todo bajo las presidencias de Figueras y Pi- es traducido como
"crisis de autoridad" en relación con el "desorden" existente en la
España levantina y meridional y que curiosamente parecerá merecer más
duros dicterios que la sangrienta guerra civil encendida en el norte (Bermejo, Menéndez Pelayo...); el formidable aliento popular
del Sexenio, y específicamente del 73, será manifestación de
"desorden", de "anarquía", de "ineducación", de "tiranía de la plebe"
(Bermejo, Coloma, Pereda); la vinculación ética de actitudes y comportamientos políticos
será presentada, bien como coartada de pequeñas ambiciones o
resentimientos sociales ("intereses bastardos": Pereda), bien como
manifestación de un idealismo ajeno a la realidad y, por tanto, de
eficacia negativa; la vigorosa proyección utópica
del 73 será asignada por su nombre -"utopías"-, sin bien dando a esta
palabra la significación vulgar de ensueño irrealizable, sin valor de
futuro y ajeno a la razón y al sentido común (Revilla); las actitudes críticas y reformistas ante las formas de propiedad establecidas y sacralizadas tras el proceso desamortizador recibirán, por tímidas que sean, un solo nombre vitando, que evoca los fantasmas de la Comuna de París: "socialismo" (Castelar). En fin, la misma forma de Estado propia del 73, la república,
ganará una nueva acepción en el el lenguaje coloquial, como si la
venerable palabra clásica fuera obligada a recoger y simbolizar el
conjunto de contravalores acumulados sobre la frustrada experiencia del
73. En efecto, la edición de 1970 del Diccionario de la Lengua Española de la Academia nos trae esta séptima acepción: "lugar donde reina el desorden por exceso de libertades".


Memoria histórica

Hasta 1931, los republicanos españoles celebraban el 11 de febrero, aniversario de la Primera República. Posteriormente, la conmemoración se trasladó al 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, que además, entre 1932 y 1938 (desde la Guerra Civil Española solo en territorio republicano) fue fiesta nacional.


Véase también

Notas y referencias


  • «Sesión de lunes 11 de febrero de 1873». Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Número 108 (Cádiz: Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812): 3177. Consultado el 28 de mayo de 2012.

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    Bibliografía

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    Enlaces externos




    Predecesor:

    Reinado de Amadeo I    		 Periodos de la historia de España

    Primera República Española    		 Sucesor:

    Restauración borbónica

  • Salcedo Ruiz, Ángel (1914). Historia de España Resumen Crítico por Ángel Salcedo Ruiz Académico de número de la Real de Ciencias Morales y Políticas. Saturnino Calleja Fernández.


  • Al hablar de los acontecimientos que se desencadenaron en abril de 1931, escribe Salvador de Madariaga:
    «Bien había merecido la República, por su llegada sonriente y apacible,
    el nombre que sus fieles conspiradores la daban cariñosamente durante
    todo el siglo XIX: La Niña Bonita.» Madariaga, Salvador de (1979). España: ensayo de historia contemporánea (14ª edición). Madrid: Espasa-Calpe. p. 311. ISBN 9788423949526. OCLC 476943266.


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  • Vilches, 2001, p. 366-367.


  • Chusco es el nombre, según el DRAE,
    del pan de munición, esto es, el de calidad inferior que se hace o se
    hacía para los cuarteles, cárceles, etc. Véase también el Diccionario de uso del español de María Moliner


  • Vilches, 2001, pp. 367-369.


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  • Vilches, 2001, p. 379.


  • «Ley
    de 11 de marzo de 1873 convocando Cortes Constituyentes, que se
    reunirán en Madrid el día 1º de Junio próximo para la organización de la
    República, y mandando proceder a la elección de Diputados para dichas
    Cortes»     (PDF). Gaceta de Madrid. CCXXII (89): 1019. 30 de marzo de 1873. Consultado el 16 de abril de 2012.


  • Los
    diputados de la oposición se repartieron de la siguiente manera: veinte
    radicales, siete conservadores constitucionales, tres monárquicos
    alfonsinos y un republicano unitario, el vencedor por el distrito de Astudillo, en Palencia. Vid. Martínez Cuadrado, Miguel (1969). Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931). Biblioteca Política Taurus. Vol. 1. Madrid: Taurus. pp. 201 y 203.


  • Los
    bakuninistas, mayoritarios entonces en España, decidieron que la
    Primera Internacional no debía organizar candidaturas propias para
    dichas elecciones y dejaron que sus potenciales votantes optaran por
    acudir o no a las urnas y que eligieran, en su caso, a los
    representantes de su preferencia. Vid. Martínez Cuadrado, Miguel (1969). Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931). Biblioteca Política Taurus. Vol. 1. Madrid: Taurus. p. 194.


  • Así lo afirma para el periodo 1868-1931: Martínez Cuadrado, Miguel (1969). Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931). Biblioteca Política Taurus. Vol. 1. Madrid: Taurus. p. 202. Con posterioridad, ni en las elecciones generales celebradas durante la II República (vid. Ortega Villodres, Carmen (Primavera/verano 2002). «Participación y abstención electoral: la Segunda República en perspectiva comparada.». Cuadernos republicanos nº 49. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 28 de mayo de 2012.), ni en ninguna de las elecciones celebradas entre 1977 y 2011, el porcentaje de abstención fue tan elevado.


  • Vilches, 2001, p. 381.


  • López-Cordón, 1976, p. 57.


  • López-Cordón, 1976, p. 58.


  • Vilches, 2001, pp. 381-382.


  • «Senyors, ja no aguanto més. Vaig a ser-los franc: estic fins als collons de tots nosaltres!».


  • Vilches, 2001, pp. 382-383.


  • En aquel tiempo en la actualmente desaparecida Casa de los Heros, en la calle Alcalá.


  • Vilches, 2001, pp. 383-384.


  • Vilches, 2001, p. 384.


  • López-Cordón, 1976,
    p. 61. «Otras dos proposiciones de ley, la del diputado Carné fijando
    las horas de trabajo en las fábricas de vapor y talleres en un máximo de
    nueve horas, y otra sobre constitución de Jurados mixtos de patrones y
    obreros, no llegaron nunca a aprobarse»


  • López-Cordón, 1976, p. 62.


  • Vilches, 2001, pp. 384-385.


  • Vilches, 2001, pp. 385-386.


  • López-Cordón, 1976, pp. 58-59.


  • Vilches, 2001, p. 394.


  • Vilches, 2001, pp. 392-394.


  • López-Cordón, 1976, p. 59.


  • Barón Fernández, 1998, p. 89.


  • López-Cordón, 1976, pp. 67-68.


  • Vilches, 2001, p. 390.


  • Vilar Ramírez, Juan Bautista (1983). El sexenio democrático y el cantón murciano. Academia Alfonso X el Sabio. p. 220. ISBN 9788400054021.


  • Tal
    circunstancia ha llevado a algunos historiadores a negar la existencia
    del cantón de Jumilla, cuya invención atribuyen a mera propaganda
    anticantonal de la que es exponente el manifiesto del cantón de Jumilla,
    texto que se popularizó en la época pero que no tiene fundamento
    histórico alguno: «La nación jumillana desea vivir en paz con todas las
    naciones vecinas y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero
    si la nación murciana, su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá, como los héroes del Dos de Mayo,
    y triunfará en la demanda, resuelta completamente a llegar, en sus
    justísimos desquites, hasta Murcia, y a no dejar en Murcia piedra sobre
    piedra».


  • Pérez Crespo, Antonio (1994). «Incidencia en la Región Murciana del fenómeno cantonalista.» (pdf). Anales de Historia Contemporánea (Universidad de Murcia) (10): 285. Consultado el 14 de febrero de 2010.


  • Región de Murcia digital. «Antonio Gálvez Arce». Historia: personajes. Consultado el 2 de marzo de 2012.


  • Soler Cantó, Juan (2000). Leyendas de Cartagena. Vol. II Episodios legendarios. Murcia: J. Soler. pp. 150-156. ISBN 8493032220. OCLC 433889052.


  • Pérez Crespo, Antonio (1990). El cantón murciano. Murcia: Academia Alfonso X el Sabio. pp. 162-164. ISBN 84-87408-20-6. OCLC 27075835.


  • Vilches, 2001, pp. 387-388.


  • Barón Fernández, 1998, p. 90.


  • Barón Fernández, 1998, p. 115.


  • Vilches, 2001, p. 388.


  • Vilches, 2001, pp. 389-391.


  • Barón Fernández, 1998, p. 134.


  • Vilches, 2001, pp. 391-392.


  • Barón Fernández, 1998, p. 132.


  • Barón Fernández, 1998, p. 228.


  • Se refiere al Ministerio de Guerra.


  • Castelar y Ripoll, Emilio (2009). Crónica internacional. Red Ediciones. pp. 165-166. ISBN 9788498160062.


  • Vilches, 2001, pp. 394-396.


  • Barón Fernández, 1998, p. 240.


  • Vilches, 2001, pp. 396-397.


  • Vilches, 2001, p. 396.


  • Vilches, 2001, p. 397.


  • Barón Fernández, 1998, pp. 247-248,250.


  • Vilches, 2001, p. 398.


  • Barón Fernández, 1998, pp. 250-251, 259-260.


  • Barón Fernández, 1998, pp. 247-248.


  • Barón Fernández, 1998, p. 261-262.


  • Barón Fernández, 1998,
    p. 251. «Se insinuó que Pi y Margall mantenía contactos con los
    rebeldes a fin de que no se rindiesen, por lo menos antes de la sesión
    de la Asamblea. No hay prueba documental que acredite este extremo, pero
    no es descartable el que hiciese todo lo posible por evitar la política
    entreguista de Castelar, salvando la República, según sus conceptos y
    esto solo se podía lograr mediante la derrota del Gobierno por votación»


  • Vilches, 2001, p. 399.


  • Barón Fernández, 1998, p. 263.


  • Vilches, 2001, pp. 399-400.


  • Barón Fernández, 1998, p. 321.


  • Vilches, 2001, p. 402.


  • Barón Fernández, 1998, p. 266.


  • López-Cordón, 1976, p. 70.


  • Vilches, 2001, pp. 402-403.


  • López-Cordón, 1976, pp. 71, 74.


  • Barón Fernández, 1998, p. 95.


  • Vilches, 2001, p. 403.


  • Vilches, 2001, p. 405.


  • López-Cordón, 1976, p. 74.


  • Vilches, 2001, pp. 406-407.


  • López-Cordón, 1976, p. 72.


  • Vilches, 2001, pp. 407-409.


  • Vilches, 2001, pp. 409-410.


  • Vilches, 2001, p. 410.


  • Vilches, 2001, pp. 410-411.


  • Vilches, 2001, p. 411.


  • Jover Zamora, 1991, pp. 90-91.


  • Piqueras, 2014, p. 367-370.


  • Piqueras, 2014, p. 375.


  • Jover Zamora, 1991, pp. 81-82.


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